Luego de la finalización del juicio por genocidio, el nombre de Guatemala recorrió todo el mundo, desde los principales medios de comunicación internacional, como las agencias internacionales de derechos humanos, institucionalidad, sociedad civil y diplomacia, haciendo que para bien o para mal, nuestro país tenga una visibilidad que de aprovecharse, puede generar oportunidades en el proceso de construcción de un Estado de Derecho.

Desde el inicio del proceso, por la novedad de la calificación del delito de, “genocidio” y “delitos contra la humanidad”, Guatemala estuvo en boca del sistema geopolítico en donde parecía algo confuso que luego de que a quien se acusara de dirigir estos hechos, había sido candidato presidencial y diputado al Congreso de la República en los últimos años. Al empezar el proceso hubo duda también, sobre si el Estado tendría la capacidad y la fuerza suficiente para llevar a cabo el proceso, con todas las garantías que corresponde a una sociedad democrática, especialmente porque los indicadores en materia de impunidad y corrupción para el Organismo Judicial no son los mejores, algo que ya es conocido y notorio dentro y fuera del país. Sin embargo, pareciera que el Ministerio Público, con una satisfactoria eficiencia, durante años preparó el proceso y tuvo como principal aliado a una serie de juzgadores que dieron credibilidad a las pruebas presentadas y procedieron a realizar la gestión del debate, lo que inmediatamente generó controversia positiva y negativa, pues el solo hecho de juzgar estos delitos es ya historia.

Ahora que el proceso concluyó en su primera etapa, y recordando que al condenado le quedan instancias posteriores como la apelación especial, seguramente la casación y una infinidad de amparos con sus respectivas apelaciones, nuevamente el nombre del país se escucha y lee alrededor del mundo, algunos con asombro por conocer que en un período anterior -30 años atrás-, hubo semejantes crímenes, y otros también con asombro, porque conociendo de la historia del país, jamás pensaron que las resultas del proceso fuera la condena de un exjefe de Estado.

El juicio ha sido considerado, tanto por analistas internos como internacionales, como un adelanto para el Sistema de Justicia del país, aunque se tengan dudas sobre el debido proceso y el ejercicio del derecho de defensa, el solo hecho de alcanzar un debate a este nivel, dice bastante de la madurez del Sistema de Justicia guatemalteco, y sus presumibles avances. Es de hacer ver, que luego de que en Guatemala sucedieran hechos terribles durante un conflicto armado interno, no entre los combatientes (guerrilla y Ejército), sino dirigidos hacia la población, en varias regiones, promovió que a pesar de contar con reconciliación de hechos de guerra, no se incluyeran otros hechos en contra de la población, para lo cual debiera juzgarse tanto al Ejército como a la guerrilla, con igualdad de condiciones. Ese hecho de justicia, confirmaría y posicionaría al país como una democracia real. El Ministerio Público tiene esa responsabilidad y obligación, y con ello balancear las posiciones de polarización que surgieron a raíz de este proceso.

Guatemala cuenta con un posicionamiento positivo como un país que puso a prueba su Sistema de Justicia, y seguramente seguirá a prueba, pero hoy por hoy, el mundo escucha un cambio en el sistema democrático del Estado, en lugar del tradicional comentario que induce a que el país, por sus altos niveles de impunidad, no pueden llevarse a cabo procesos judiciales, del presente y del pasado.