A seis años de la llegada a Guantánamo de los primeros prisioneros de Estados Unidos en su «guerra contra el terrorismo», el 11 de enero de 2002, ninguno ha sido enjuiciado y todo indica que el centro de detención de la base naval de la isla de Cuba seguirá operativo por mucho tiempo.
Los llamados a cerrar la prisión de la base naval estadounidense se multiplican nuevamente en el mundo al acercarse el aniversario de su creación.
Amnistía Internacional prevé manifestaciones mañana desde Gran Bretaña a Bahrein y Filipinas, pasando por Washington.
Hace casi dos años que el gobierno estadounidense insiste en que quiere cerrar la prisión. Pero «debido a cuestiones legales no hubo muchos avances», reconoció hace pocos días el secretario de Defensa, Robert Gates.
En estos seis años la base cambió mucho.
Las primeras jaulas a cielo abierto, cuyas imágenes dieron la vuelta al mundo, ya no se ven, y la mayoría de los prisioneros están en celdas construidas en 2006, según el modelo de las cárceles estadounidenses de alta seguridad.
Entre otras cosas, los prisioneros sufren una incertidumbre total sobre su futuro.
Cuatro de ellos se suicidaron, y las huelgas de hambre son comunes.
Y tras años de procedimientos judiciales, el primer proceso ante un tribunal militar especial está anunciado para mayo.
Para ello se construye una sala de audiencias, y ya hay un campamento de carpas militares donde estarán los participantes.
Paralelamente, el gobierno estadounidense empezó a mandar a sus países a los prisioneros que no piensa juzgar.
Por ejemplo, en 2006 hubo 63 detenidos enviados a Arabia Saudita.
Más de 800 hombres y adolescentes pasaron por la prisión, que actualmente tiene 275 detenidos. Según un jerarca del Pentágono que se mantuvo en el anonimato, provienen de una veintena de países, principalmente Yemen, Afganistán y Argelia.
El presidente estadounidense, George W. Bush, afirmó hace unos meses que sería «muy complicado» devolverlos porque «muchos países no quieren asesinos en su casa».
Algunos de los detenidos no quieren volver a sus países porque temen ser perseguidos. Según Human Rights Watch (HRW), se trata de unos 50, que vienen de China, Argelia, Libia, Túnez y Uzbekistán.
Un portavoz del Pentágono dijo que más de 90 países fueron contactados para que recibieran a la veintena de prisioneros chinos, miembros de la minoría étnica turcófona uigur, pero que sólo Albania aceptó recibir a cinco de ellos en 2006.
«La importancia» de Guantánamo «está disminuyendo», dijo el experto en justicia militar Eugene Fidell.
El número de prisioneros de Guantánamo bajó, mientras aumenta en la prisión militar estadounidense de Bagram, cerca de Kabul, que según el Pentágono hoy tiene más de 600, subrayó.
«Y en definitiva, el destino de Guantánamo se decidirá en las elecciones de noviembre» en Estados Unidos, agregó. Los demócratas desaprueban unánimemente la prisión, mientras que los republicanos, salvo John McCain, la defienden.
Eugene Fidell
experto en justicia militar
El gobierno español está «profundamente implicado» en el interrogatorio en Guantánamo de dos ex detenidos, dijo ayer su abogado ante un tribunal británico, que examina la extradición de ambos a España para juzgarlos por cargos de terrorismo.
Jamil el Banna, de 45 años, y Omar Deghayes, de 38, ambos extranjeros que residían legalmente en Gran Bretaña antes de su detención en la base naval estadounidense de Guantánamo, en Cuba, están requeridos por la justicia española, que los acusa de pertenecer a una célula de Al Qaida.
Ambos comparecieron ante el tribunal de Westminster, en el centro de Londres.
Edward Fitzgerald, que representaba a ambos, dijo: «las autoridades españolas están profundamente implicadas en el calvario de los últimos cinco años».
«(Las autoridades españolas) consintieron y facilitaron su interrogatorio en Guantánamo y además participaron en dicho proceso interrogatorio», dijo Fitzgerald.
«Ahora que han sido absueltos por la justicia estadounidense, y después de que la policía inglesa dijera que no quiere presentar cargos, las autoridades españolas dicen que quieren interrogarlo exactamente por los mismos cargos», añadió el abogado.
Fitzgerald acusó a las autoridades españolas de un «abrumador caso de abuso de poder y abuso del proceso», diciendo que se trataba de una «injusticia evidente» extraditarlos por las mismas alegaciones «que fueron investigadas por completo en Guantánamo».
David Perry, representante español, dijo: «No están requeridos para un interrogatorio. Están requeridos por la acusación de pertenecer a un grupo terrorista español, que era el grupo terrorista de Al Qaida que operó en España desde finales de los noventa hasta 2003».
El juez Timothy Workman prolongó su libertad bajo fianza, con algunas condiciones como un toque de queda y la obligación de llevar identificadores electrónicos. Ambos deben volver a comparecer el 14 de febrero.
A su regreso a Gran Bretaña el pasado mes, Banna y Deghayes fueron detenidos en virtud de una orden europea de arresto.
Deghayes es libio. Banna es paquistaní, aunque dijo ser palestino.