«Cerrar Guantánamo en el lapso de un año», mandaba tajante la primera orden ejecutiva firmada por el presidente Barack Obama apenas llegado a la Casa Blanca.

Ese año se cumple este viernes 22 de enero y el prometido cierre no se ha podido hacer y las posibilidades de que se concrete pronto no lucen claras para muchos, pese a que el gobierno insiste en su determinación de deshacerse de la herencia legal que dejó la llamada «guerra contra el terrorismo» de George W. Bush.

Para un polí­tico que llegó a la presidencia con la plataforma del «Sí­ se puede», el que Guantánamo siga abierto es un revés que pudo haber sido evitado si el entusiasta equipo de la Casa Blanca no le hubiera puesto fecha fija a sus buenas intenciones.

Esas intenciones, que tanto complacieron a defensores de derechos humanos y a muchos gobiernos, no parecen haber perdido impulso pero han tenido que adaptarse a realidades al parecer no previstas por el entonces novel gobierno estadounidense.

En el caso de Guantánamo podrí­a aplicarse la conseja popular de que una cosa es querer y otra es poder.

ENERO DOBLE ANIVERSARIO

Enero marca para Guantánamo un aniversario por partida doble. Hace justo ocho años empezaron a ser transferidos prisioneros capturados en la guerra de Afganistán a las instalaciones de esa base militar estadounidense en Cuba.

Desde ese momento se desató una polémica internacional. Inicialmente por las condiciones fí­sicas del entonces denominada Campo Rayos X -por la ausencia de paredes de las primeras celdas- y lo que se consideraba el maltrato de los prisioneros.

Pero más cuestionado fue el limbo jurí­dico al que fueron arrojados los denominados «combatientes enemigos», una definición legal acuñada por el gobierno de Bush para sustraerlos del amparo de convenciones internacionales sobre tratamiento de prisioneros de guerra.

Ese concepto fue eliminado por el nuevo gobierno demócrata, pero el limbo sigue siendo igual de denso para la mayorí­a de los reclusos, debido a los obstáculos que ha conseguido la idea del desmantelamiento dentro y fuera de los EE.UU.

En septiembre del 2009 el embajador Daniel Fried, quien encabeza el equipo encargado por el presidente Obama para la reubicación de los detenidos, cuestionó, durante entrevista con la BBC, el que algunos paí­ses no tuvieran disposición para recibir algunos prisioneros, incluso a sus propios nacionales.

Fried reconoció a la BBC que la ley sancionada por el Congreso que impide al ejecutivo trasladar reclusos liberados de Guantánamo a territorio estadounidense no le permite a Washington predicar con ejemplo.

GUANTANAMO, ¿ILLINOIS?

El gobierno estadounidense reconoce que al menos la mitad de los 200 prisioneros que quedan en Guantánamo no representan riesgos para la seguridad nacional y podrí­an ser dejados en libertad, de conseguirse un lugar que quiera recibirlos.

Muchos, dentro y fuera de EE.UU. tienen temor de que estas personas, que estuvieron detenidas sin derechos por largo tiempo, al salir busquen vengarse del estado y los ciudadanos estadounidenses.

Por lo pronto el gobierno federal ordenó la compra de una prisión en Thomson, un pequeño pueblo de Illinois, en el norte del paí­s, para convertirla en una cárcel de máxima seguridad en la que concentrará unos 90 reclusos que enfrentarán juicios militares.

Para Javier Zúñiga, portavoz de Amnistí­a Internacional, ese traslado «no harí­a ninguna diferencia» para los detenidos en Guantánamo, ni para solucionar lo que llama la «monstruosidad jurí­dica» creada por el gobierno estadounidense.

«Esas cárceles de máxima seguridad, las llamadas supermax, son verdaderas tumbas en las cuales las personas están prácticamente enterradas sin ningún contacto con el mundo exterior», aseguró Zúñiga a BBC Mundo.

La diferencia serí­a para la pequeña comunidad de Thomson que gracias a la activación de la cárcel recibirá un importante estí­mulo económico, muy necesario en estos tiempos de crisis.

Pero el tema fundamental de Guantánamo no es la economí­a, sino los derechos humanos y las leyes internacionales. Restablecer el equilibrio perdido en los dí­as más intensos de la «guerra contra el terrorismo» ha demostrado no ser una tarea fácil.