Se les denomina grupos de odio. Su única propuesta es la violencia para ejercer actos de discriminación contra poblaciones de trabajadoras y trabajadores documentados o indocumentados. La gran mayoría de esas agrupaciones no tiene personalidad jurídica ni permisos para capturar personas o portar armamento. Su objetivo es asumir la persecución contra seres humanos, principalmente de origen hispano, vociferando que son dañinos para su país. No presentan ningún argumento para explicar su proceder y son incapaces de analizar los factores positivos de la migración laboral en Estados Unidos.
Su pensamiento rebasa cualquier lógica relativa a respetar la dignidad y derechos de cualquier persona. No existe explicación a sus planteamientos de esterilizar mujeres migrantes, colocar francotiradores para utilizarlos contra la migración laboral, o la deportación inmediata de cualquier hispano sin importar su situación migratoria. Adjudicarse estas posiciones significa desconocer la presencia de normas jurídicas, así como la acción de las autoridades migratorias estadounidenses.
Las organizaciones creadas para hostigar y detener a hombres y mujeres trasladándose a Estados Unidos en busca de mejores alternativas de vida se han incrementado hasta llegar a la cifra de 600 entre 2005 a 2007, especialmente en Arizona y Texas. Esta información, proporcionada por el organismo Center for New Community, con sede en Chicago, también se refiere a la exacerbación de actos como quemar banderas de diversos países de donde procede esencialmente la migración laboral. Lo hacen -dijeron- «para defender la soberanía americana». Ni siquiera usan la terminología adecuada quienes son incapaces de entender que no es por medio de la violencia como se puede detener la migración laboral
El pasado 18 de abril la Southern Poverty Law Center, organización especializada en ataques y asumir actitudes racistas -recuerda al apartheid- contra migrantes, dio a conocer un reporte de 20 líderes a quienes ubica como los principales dirigentes de grupos antiinmigrantes. Fotos de la prensa internacional presenta a algunos de ellos -como Jon Healy, de TechnoPatriots- blandiendo arma en la cintura, así como cámaras especiales de detección o instalando un «centro móvil de comando». Además de asumir poses tipo película al mejor estilo de John Wayne -lo cual no pretende agredir a este gran actor- es necesario señalar que ninguno de estos jefes, producto de la imposición, ha recibido entrenamiento para efectuar capturas. Su armamento nadie sabe dónde lo adquirieron o si tienen capacitación para manejarlo, con excepción de quienes adquirieron adiestramiento militar y, en la actualidad, se han contratado como mercenarios para perseguir a mujeres y hombres indefensos caminando por el desierto con una botella de agua como arma. Nadie de ellos informa de la procedencia del dinero para sostener sus grupos. Según el reporte aludido, también aparecen personas de origen hispano, como es el caso de Alberto Rodríguez y Rosanna Pulido, como jefes de You don»t speak for me. Ambos asumen la necesidad de fortalecer la vigilancia fronteriza y, por supuesto, tampoco dicen de donde provienen sus recursos económicos para el desarrollo de su grupo.
Los grupos antiinmigrantes se presentan con membretes como Project Minutemen o United for Sovereign America. Algunos de corta duración. Quienes poseen amplio número de adherentes, armas y equipo, hacen gala de la tecnología empleada para la detección de personas, como es el caso de la organización antiinmigrante TechnoPatriots. Este aspecto plantea preguntarse: ¿Quiénes proporcionan recursos económicos para el desarrollo de estos grupos? Según el diario La Tribuna Hispana, entre los principales financistas se encuentra Erick Ponce -multimillonario de Michigan- propietario de la empresa de seguridad Blackwater, denunciada, dice el medio de comunicación- por su involucramiento «(…) en la matanza de civiles a sangre fría en Irak». Ahora, cuando impulsa hechos de violencia contra la migración, es conveniente que las autoridades estadounidenses investiguen a quienes distribuye dinero en forma clandestina para realizar esas operaciones.
En el análisis de las actividades contra la migración laboral debe destacarse la exacerbación de diversos sectores de la sociedad estadounidense esgrimiendo posturas como expresarse contra «cualquier persona que vean morena», sin importar su nacionalidad. Esta realidad es un acto de discriminación que afecta normas internacionales. El siguiente paso será adoptar actitudes fascistas con relación a la supremacía de una raza, aspecto fuera de la realidad desde una consideración biológica y cultural.
«No permitir la invasión extranjera», es una expresión xenofóbica de grupos estadounidenses cuya hostilidad contra seres humanos señala intolerancia y el desconocimiento de que su nación es producto de migraciones. La implicación de asumir actitudes racistas siempre desemboca en actos de violencia. Ninguno de los actuales candidatos a la Presidencia de Estados Unidos respalda esta situación. Quienes la presentan como lemas contra la migración laboral, son incapaces de comprender las implicaciones positivas que al interior de la sociedad estadounidense juegan los migrantes.
Es necesario reiterar que las actitudes fanáticas donde se expone la discriminación racial, xenofobia y formas conexas de intolerancia de los grupos antiinmigrantes en los Estados Unidos -aspecto no compartido por la gran mayoría de la sociedad estadounidense- son acciones negativas contra los propósitos y principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos, la cual establece la presencia de libertades fundamentales sin distinción de raza, color, sexo, idioma, religión opiniones políticas o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición.