Después que la Corte de Constitucionalidad (CC) emitiera la resolución que establece un periodo de tres dí­as para investigar a los electos para la Corte Suprema de Justicia (CSJ) se han provocado reacciones en la sociedad civil, quienes esperan que el Congreso pueda corregir los errores cometidos.

El amparo provisional presentado por los abogados Luis Alfonso Carrillo Marroquí­n, Joaquí­n Rafael Alvarado Porres y Francisco Chávez Bosque permitió después de la resolución de la CC, establecer al Congreso tres dí­as para recibir de la población las denuncias fehacientes que se tengan contra los 13 magistrados electos de la CSJ para que los diputados restituyan a quienes tengan irregularidades.

La Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) por medio del Comisionado Carlos Castresana presentó sus consideraciones y recomendaciones al Congreso de la República, para llevar a cabo una elección transparente y que permitiera elegir a las y los candidatos más capaces, idóneos, honestos e independientes en una carta fechada 29 de septiembre.

En dicha carta, el comisionado Castresana vetó a ocho personas que se encontraban en la lista, por tener serios cuestionamientos y pidió al Congreso implementar varias acciones para lograr elegir a los mejores profesionales. Para ese entonces, era del dominio público que los diputados del Congreso de la República pretendí­an llevar a cabo la elección en forma acelerada, sin implementar ninguna de las recomendaciones que le hiciera la sociedad civil, la Comisión Internacional de Juristas y la CICIG.

Carmen Aí­da Ibarra de la Fundación Mirna Mack argumenta que el Congreso tiene ahora la posibilidad de enmendar algunos problemas de procedimiento de elección, porque se hizo de una manera apresurada para evitar que la sociedad civil tuviera tiempo para reunir información en contra de los favoritos del partido del gobierno.

«Hay una tacha moral, porque son impuestos por el Estado, la pregunta que debemos hacernos es: ¿por qué los impuso, y qué intereses hay de por medio?» añade, después de señalar los casos de Jaqueline España, Elvia Nájera y Manuel Pocasangre de quienes señala son impuestos por el partido oficial.

Según varios miembros de la sociedad civil el Congreso aceleró las cosas y no debatió sobre la honorabilidad de los candidatos y se cerró totalmente a cualquier posibilidad de hacer una elección correcta.

Sin embargo ahora tendrán la oportunidad de entregar las pruebas suficientes para que se tomen las consideraciones necesarias.

La fecha para que la nueva CSJ inicie sus funciones según la ley tendrí­a que ser el 13 de octubre, sin embargo no se tiene dilucidado un futuro cierto mientras continúen las investigaciones.

Ramón Cadena, director de la Comisión Internacional de Juristas para Centroamérica (CIJ) presentó una acción complementaria al recurso de amparo de la CC; en defensa de la Constitución, la independencia del poder judicial y del estado de derecho para que el proceso de elección de magistrados a la CSJ se resuelva de una manera honesta.

La corte resolvió que en caso de haber pruebas suficientes se iniciará una investigación por el delito de perjurio para los candidatos que mintieron, sin embargo la CIJ considera oportuno que se investigue por el delito de atentar contra la independencia del poder judicial, que es un delito de rango constitucional y los responsables serí­an los diputados.

Según Cadena, esto es una muestra de cómo funciona el estado de derecho en una democracia, porque si el Congreso comete una ilegalidad, entonces es la CC la que corrige eso y por el amparo interpuesto todaví­a existe tiempo para mandar las pruebas necesarias.

Al cierre de esta edición la Junta Directiva y el equipo jurí­dico del Congreso se reunieron para determinar su postura e intentamos obtener declaraciones del presidente del Legislativo, Roberto Alejos, sin embargo no contestó a las llamadas.