Los grupos criminales infiltran todas las instituciones en Guatemala, afirmó ayer el jurista español Carlos Castresana, jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) auspiciada por la ONU.
«Por desgracia encontramos señales de su presencia (criminales) en todas las instituciones, públicas, privadas, civiles, militares, la cadena de complicidad está muy metida a todos los niveles, la política, el periodismo, la abogacía», dijo el jurista a los periodistas.
Según Castresana, el 98% de los crímenes quedan impunes en Guatemala.
Luego de un año de labor de la CICIG, el jurista sostuvo que no es alto el número de criminales infiltrados en las instituciones, pero están ubicados en posiciones clave en su trabajo.
Estas personas «están ubicadas en un círculo de intereses que numéricamente no es tan significativo, porque estamos hablando de 100, 200 ó 300 personas, que, sin embargo, hacen daño a millones», subrayó Castresana.
Citó como ejemplo el caso del ex fiscal de delitos contra la vida ílvaro Matus, a quien la CICIG sindica de obstruir las investigaciones del asesinato del ex asesor en materia de secuestros del ministerio del Interior de Guatemala, el venezolano Víctor Rivera.
El ex fiscal está acusado de los delitos de conspiración, obstrucción de la justicia y abuso de autoridad, entre otros.
«Llegamos a tribunales y denunciamos irregularidades en la investigación», afirmó Castresana, quien recientemente detalló que Matus habría ordenado a sus fiscales que no efectuaran ciertos allanamientos y permitió la destrucción de evidencias.
«No solicitó desplegados telefónicos, hubo falta deliberada de investigación y elementos esenciales para la averiguación sobre la identidad de los responsables del asesinato», subrayó el jurista.
La CICIG solicitó la aprehensión de Matus el 31 de enero y a la semana siguiente el ex fiscal se presentó a un juzgado, que lo dejó libre tras el pago de una fianza de 2.000 dólares mientras avanzan las indagaciones en su contra.
Hasta este jueves, una nueva solicitud de aprehensión de Matus no había sido resuelta por el juzgado que lleva el caso, cuyo nuevo titular explicó a la prensa que eso demorará, pues tiene que estudiar todo el expediente.
El ex fiscal también tuvo a su cargo la investigación del asesinato de tres diputados salvadoreños al Parlamento Centroamericano y su chofer, ocurrido hace dos años.
El mandato de dos años de la CICIG comenzó en setiembre de 2007, pero por razones de logística inició operaciones en enero de 2008, en una misión dirigida a apoyar a las autoridades a desarticular aparatos clandestinos que alimentan la impunidad.
El presidente Alvaro Colom manifestó complacencia con el trabajo de la Comisión y esta semana afirmó que solicitará a la ONU la renovación de su mandato, que vence en setiembre próximo.