Ayer se cumplió un mes desde que el presidente hondureño Manuel Zelaya fue depuesto de su cargo por el Ejército y sacado de su país a punta de rifle. Según se informa, durante ese mismo tiempo, diversas organizaciones sociales se han mantenido realizando actos de resistencia y repudio al golpe militar.
Según información de Telesur, ha trascendido un informe de una Misión de Derechos Humanos conformada por distintas instituciones, entre ellas el Instituto de Estudios para América Latina y ífrica (IEPALA) de España, y el Servicio Paz y Justicia (Serpaj), organización que está presidida por el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel.
Según este informe durante el transcurso del gobierno de facto se han desarrollado vulneraciones a los derechos fundamentales en Honduras y destacan «un importante número de ejecuciones extrajudiciales, centenares de detenciones arbitrarias, múltiples amenazas, cercenamiento de la libertad de expresión e información, así como restricciones indebidas a la libertad de circulación, enmarcado todo ello en un contexto de clara persecución política que afecta especialmente a dirigentes políticos y sindicales, defensores de derechos humanos, periodistas y ciudadanos-as extranjeros».
Por otro lado, una representante guatemalteca de la Fundación Guillermo Toriello -FGT-, atendió un llamado de algunas organizaciones de mujeres en Honduras para ir a constatar lo que estaba ocurriendo, y las denuncias que recibió dan cuenta que efectivamente el gobierno golpista mantiene acciones represivas que se asemejan a los años de las dictaduras militares en Centroamérica.
Uno de los casos más ilustrativos -y espeluznantes a la vez-, es el del joven Pedro Magdiel Muñoz Salvador, de 23 años de edad. Según la FGT, este joven «decidió ir de Tegucigalpa, donde residía, al departamento de Paraíso para integrarse a las acciones de resistencia; personas de la población fueron testigos cuando elementos del Ejército lo detuvieron ilegalmente. Más tarde apareció asesinado, lo habían golpeado salvajemente, le asestaron 42 puñaladas, le rociaron gasolina y lo quemaron. Su cuerpo fue expuesto para que las y los manifestantes pudieran verlo claramente».
El Ejército hondureño tiene prácticamente sitiado las carreteras que van hacia la frontera con Nicaragua, donde se encuentra acampando el presidente Manuel Zelaya. Señala el informe de la FGT que «contingentes del Ejército persiguieron a la gente en la montaña, han violado a mujeres que detuvieron ilegalmente, golpeado a niñas y niños, herido a varias personas en forma indiscriminada».
También se señala que se instalaron 24 retenes en la carretera para la frontera con Nicaragua, y tienen tapado el paso con montículos de tierra. A pesar de ello, la población que apoya al presidente Zelaya ha continuado su camino a pie por las montañas hondureñas, en apoyo a la restitución del orden constitucional y del presidente legítimo.
Quienes señalan estar amparados por el artículo 3 de la Constitución Política de la República de Honduras que reza que «Nadie debe obediencia a un gobierno usurpador ni a quienes asuman funciones o empleos públicos por la fuerza de las armas (…) El pueblo tiene derecho a recurrir a la insurrección en defensa del orden constitucional»,
Ante la grave situación que vive Honduras se hace necesario mantenerse vigilantes ante lo que allí ocurre. Los comentarios por internet de las columnas anteriores han tenido respuesta de mi parte para continuar con este debate tan necesario.