Grave acusación formulada por el Presidente


Oscar-Clemente-Marroquin

Pablo Ordaz es un periodista español, enviado especial a Guatemala por el diario El Paí­s, que viene dando cobertura a la presencia del narcotráfico y en esa calidad ha enviado dos trabajos que han sido publicados, uno directamente relacionado con la masacre en Petén y otro, publicado hoy, sobre cómo “los fiscales alertan de que Guatemala, infestada por redes criminales locales e invadida por Los Zetas de México, es el primer narcoestado de América Latina.”

Oscar Clemente Marroquí­n
ocmarroq@lahora.com.gt

 


En la publicación de hoy, Ordaz cita al presidente ílvaro Colom diciendo que “Puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que los gobiernos anteriores planificaron la entrega del paí­s al narco”. Tan tajante afirmación, expresada sin temor a equivocarse, demanda acciones porque significa que el ingeniero Colom tiene las pruebas contundentes de su afirmación, y por lo tanto tiene que deducirse la responsabilidad que les corresponde, por lo menos, a los presidentes Portillo y Berger que encabezaron los gobiernos anteriores al actual.
 Graví­simo serí­a que hubieran entregado al narco por ineptitud y tonterí­a, además de la incapacidad para administrar al paí­s y preocuparse por los temas de seguridad, pero si lo hicieron como parte de un plan, estamos frente a una acción perversa que se puede considerar como un crimen no sólo de lesa patria, sino de lesa humanidad. Y un crimen de esa magnitud tiene que ser castigado con la mayor severidad que permitan nuestras leyes, tomando en cuenta el baño de sangre que ha significado y significará en el futuro esa funesta actividad delictiva que, según lo dice Colom, no se produjo simplemente porque los narcos hayan aprovechado los vací­os de un Estado débil como el de Guatemala, sino que recibieron el paí­s de manos de gobiernos que planificaron su entrega al narco.
 En la publicación de hoy del reportaje de El Paí­s acerca de la situación de los fiscales en Guatemala se pinta de manera dramática cómo el miedo se ha apoderado de los miembros del Ministerio Público y el impacto que tuvo entre ellos la afirmación de Colom de que el gobierno no puede proteger ni a jueces ni a funcionarios públicos, “lo que revela la debilidad del presidente”, según la declaración que se reproduce en la nota periodí­stica.
 Yo habí­a comentado la semana anterior que las declaraciones de Colom acerca de la incapacidad para actuar en el territorio nacional eran una invitación a que el crimen organizado asiente sus reales en el paí­s, pero según los fiscales también ha sido un factor para aumentar el miedo porque expresamente se les dice que están expuestos a su suerte, sin que nadie los pueda defender.
 Pero con todo y lo grave que es esa publicación en distintos sentidos, creo que nada se compara con la tajante y categórica afirmación que se atribuye a Colom sobre un malévolo plan de sus predecesores para entregarle el paí­s al narco. Y es de suponer que cuando un Jefe de Estado hace una afirmación de ese calibre, tiene los pelos de la mula en la mano para afirmar que es parda y por lo tanto está en la obligación, ineludible por supuesto, de aportar tales pruebas al Ministerio Público porque se tratarí­a de uno de los más graves delitos que pueda cometer un gobernante, al entregar deliberadamente, como parte de un plan, el paí­s a un poder tan tenebroso como el del narcotráfico.
 No creo que un presidente pueda decir algo así­ sin entender las consecuencias legales que tiene tan graví­sima acusación. No tengo razones para dudar de la palabra del presidente Colom, por mucho que hayamos visto que siempre les tira la responsabilidad de sus fracasos a los gobiernos anteriores, pero en este caso está hablando de un plan, de una conspiración tenebrosa, que no puede quedar en el aire ni como chisme o rumor.
En la publicación de hoy, Ordaz cita al presidente ílvaro Colom diciendo que “Puedo asegurar, sin temor a equivocarme, que los gobiernos anteriores planificaron la entrega del paí­s al narco”. Tan tajante afirmación, expresada sin temor a equivocarse, demanda acciones porque significa que el ingeniero Colom tiene las pruebas contundentes de su afirmación, y por lo tanto tiene que deducirse la responsabilidad que les corresponde, por lo menos, a los presidentes Portillo y Berger que encabezaron los gobiernos anteriores al actual.
 Graví­simo serí­a que hubieran entregado al narco por ineptitud y tonterí­a, además de la incapacidad para administrar al paí­s y preocuparse por los temas de seguridad, pero si lo hicieron como parte de un plan, estamos frente a una acción perversa que se puede considerar como un crimen no sólo de lesa patria, sino de lesa humanidad. Y un crimen de esa magnitud tiene que ser castigado con la mayor severidad que permitan nuestras leyes, tomando en cuenta el baño de sangre que ha significado y significará en el futuro esa funesta actividad delictiva que, según lo dice Colom, no se produjo simplemente porque los narcos hayan aprovechado los vací­os de un Estado débil como el de Guatemala, sino que recibieron el paí­s de manos de gobiernos que planificaron su entrega al narco.
 En la publicación de hoy del reportaje de El Paí­s acerca de la situación de los fiscales en Guatemala se pinta de manera dramática cómo el miedo se ha apoderado de los miembros del Ministerio Público y el impacto que tuvo entre ellos la afirmación de Colom de que el gobierno no puede proteger ni a jueces ni a funcionarios públicos, “lo que revela la debilidad del presidente”, según la declaración que se reproduce en la nota periodí­stica.
 Yo habí­a comentado la semana anterior que las declaraciones de Colom acerca de la incapacidad para actuar en el territorio nacional eran una invitación a que el crimen organizado asiente sus reales en el paí­s, pero según los fiscales también ha sido un factor para aumentar el miedo porque expresamente se les dice que están expuestos a su suerte, sin que nadie los pueda defender.
 Pero con todo y lo grave que es esa publicación en distintos sentidos, creo que nada se compara con la tajante y categórica afirmación que se atribuye a Colom sobre un malévolo plan de sus predecesores para entregarle el paí­s al narco. Y es de suponer que cuando un Jefe de Estado hace una afirmación de ese calibre, tiene los pelos de la mula en la mano para afirmar que es parda y por lo tanto está en la obligación, ineludible por supuesto, de aportar tales pruebas al Ministerio Público porque se tratarí­a de uno de los más graves delitos que pueda cometer un gobernante, al entregar deliberadamente, como parte de un plan, el paí­s a un poder tan tenebroso como el del narcotráfico.
 No creo que un presidente pueda decir algo así­ sin entender las consecuencias legales que tiene tan graví­sima acusación. No tengo razones para dudar de la palabra del presidente Colom, por mucho que hayamos visto que siempre les tira la responsabilidad de sus fracasos a los gobiernos anteriores, pero en este caso está hablando de un plan, de una conspiración tenebrosa, que no puede quedar en el aire ni como chisme o rumor.