En el Gabinete de Gobierno no todos los Ministerios tienen el mismo peso, ya sea por su influencia política, impacto social o peso económico. Unos son esenciales para concretar negocios, otros para otorgar permisos y otros son imprescindibles en la agenda política.

De esa forma, cada cartera brilla con diferente luz y por eso los funcionarios que las dirigen son cuidadosamente elegidos por las altas esferas de poder.

El presidente Otto Pérez Molina dejó las prisas para buscar un nuevo Ministro de Finanzas Públicas, luego de que Pavel Centeno renunciara a ese cargo aduciendo que sufría problemas de salud que comprometían su desempeño.

El mandatario nombró inmediatamente en ese cargo a la viceministra María Castro de manera interina, pero no la confirmó y siguió buscando a un sucesor en el Tesoro. A los periodistas, días después, Pérez Molina les confesó que “es algo que lo queremos tomar despacio, no queremos correr, no tenemos por qué correr”.

Y es que en un inicio había dicho que quería nombrar “rápido” a su próximo Ministro de Finanzas, pero luego reflexionó sobre el perfil idóneo para el cargo y eso cambió su forma de hacer las cosas.

En el Ejecutivo, el fichaje de ministros es una tarea delicada y especialmente cuando se trata de los titulares de las carteras que tienen más peso dentro del Gabinete.

COMPRAS Y CONTRATACIONES

Los ministerios más llamativos en el tema de compras y contrataciones son Salud Pública y Asistencia Social, por las millonarias adquisiciones de medicamentos, y por otro lado Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, por la contratación de empresas para la ejecución de obras

En ambos casos las críticas de la sociedad civil están dirigidas a la falta de transparencia y al uso excesivo de modalidades de compras que no permiten una adecuada fiscalización de los procesos.

Salud Pública tiene un presupuesto de Q5,096.6 millones y quien dirige la cartera influye sobre las compras en medicinas, insumos y servicios para todos los hospitales públicos, centros de salud y demás dependencias dedicadas a la sanidad en el país.

Por otro lado, Comunicaciones tiene un presupuesto vigente de Q6,023.4 millones, que se destina a la construcción de obras de infraestructura civil y vial, pero no por el Estado, sino por empresas privadas que reciben grandes sumas de dinero público por sus trabajos.

Cristians Castillo, del Instituto de Problemas Nacionales de la Universidad de San Carlos (Ipnusac), dice que se ha incrementado el uso de mecanismos paralelos de ejecución del gasto público, como compras por excepción y sin licitación, cierre y apertura de fideicomisos, y el incremento de compras directas, y aunque estos procesos estén contemplados por la ley, deberían ser para eventos excepcionales de ejecución presupuestal.

Castillo señala que la tendencia de este Gobierno en todas sus dependencias ha sido utilizar de manera excesiva estos mecanismos excepcionales de compra: “Eso nos alerta sobre posibles malos manejos  y negocios que se ubican en cada una de las carteras; debemos estar atentos en la medida que cada cartera que cumple una función pública, garantice su funcionamiento a través de la compra de insumos y servicios, pero transparentemente”.

A criterio del analista, no es incorrecto que existan gastos onerosos en algunos bienes y servicios, puesto que la lógica del Estado es contribuir al bien común y mejorar las condiciones de vida de la población, pero sí existen problemas porque las empresas privadas involucradas en las adquisiciones  buscan lucrar en los negocios del Estado reduciendo costos y aumentando sus ganancias.

 “El problema es que los recursos del Estado se han convertido en la nueva fuente de acumulación de capital de actores emergentes que están tomando decisiones por el Estado”. Menciona el representante de Ipnusac. “Obviamente cuando esas decisiones antes de beneficiar a la población buscan el beneficio particular, caemos en los meganegocios que no solamente representan un alto costo para el Estado, sino que además no contribuyen a beneficiar la calidad de vida de los guatemaltecos”, señala Castillo.

PODER SUBESTIMADO

Los ministerios de Ambiente y Recursos Naturales –con Q202.4 millones–, y de Energía y Minas –con Q126.1 millones– son los que reciben menos presupuesto del Estado, pero por otro lado, tienen un importante poder económico.

En la cartera de Ambiente se deben aprobar o improbar los estudios de impacto ambiental y otras disposiciones medioambientales decisivas para el funcionamiento de los megaproyectos, como hidroeléctricas, minas o campos petroleros, y en la cartera de Energía y Minas se conceden las licencias para éstos.

El escaso presupuesto  de estas dos carteras se “compensa” con el poder económico que representa el otorgamiento de licencias y permisos para empresas promotoras de los megaproyectos, principalmente extranjeras.

Yuri Melini, del Centro de Acción Legal, Ambiental y Social (CALAS), señala que el desempeño y las decisiones de los ministros se traducen en negocios.

El ambientalista señala que para nadie es un secreto que el expresidente Oscar Berger o Álvaro Colom “les retorcían el brazo a los ministros” y en la actualidad hay una Ministra que tiene una serie de conflictos de intereses ligados a temas de las industrias extractivas.

“Es obvio que el nombramiento de estos funcionarios viene del sector privado, cuando financian a los partidos políticos los empresarios mineros, petroleros, madereros; se reservan el derecho de proponer a este tipo de funcionarios serviles que cuidan sus interés”, señala.

Melini opina que esto sucede en detrimento de la población, el Estado de Derecho y el estricto cumplimiento de la Ley, y por su puesto la afectación directa de la salud, a la calidad de vida de las poblaciones asentadas en la zona de los proyectos mineros, petroleros, madereros.

Además el ambientalista asegura que históricamente los temas relacionados a la industria extractiva, particularmente en la materia energética e hidrocarburos, contratos petroleros y licencias mineras los funcionarios de turno se benefician económicamente al otorgar esas licencias.

“Ex funcionarios del Ministerio de Energía y Minas ahora resulta que son gerentes de empresas mineras lo cual genera una duda razonable, entonces no es un secreto que los ministros se beneficien de estos contratos, pero como son negocios de cuello blanco no dejan huellas”, dice Melini.

PODER SOCIAL

Entre los ministerios con poder también se encuentran los que tienen un fuerte impacto político y social, como los de Educación, Agricultura, Desarrollo Social, así como los de Gobernación y Defensa. Estas carteras tienen importantes presupuestos y sus proyectos tienen trascendencia en la vida cotidiana de la población, y de su desempeño depende en buena medida la credibilidad del Gobierno.

Las primeras tres carteras mencionadas están a cargo de la educación, la alimentación y el combate a la pobreza, y las últimas dos tienen la responsabilidad de garantizar la seguridad de la población, lo que supone un importante peso político.

Y aunque la proyección política es su fuerte, los negocios de compras y contrataciones también están a la orden del día.

Para Helen Mack de la Fundación Mirna Mack, “una de las características del actual Gobierno es la voracidad en todos los negocios, no solo en el Ministerio de Gobernación sino en todo, es un oportunismo y por eso es que les viene del norte si licitan o no”.

Mack indica que partiendo de esa premisa no hay un servicio efectivo a la población y eso se puede notar con todos los escándalos de corrupción: “Todo porque es un mercado, donde no quieren que haya debate público sino que quieren que sea a base de una negociación en materia de obras y cuánto cuesta cada voto”.

Según la analista hay dos negocios que son como los más apetecibles, que son la adquisición de medicamentos y de armas de fuego. “Son los negocios favoritos a nivel internacional para cualquier clase de corrupción”, indica.

“Las armas son necesarias para la policía, hay un déficit y se requiere el tema es quien controla los negocios y como, eso es en cualquier Gobierno, no solo en este”, señala.

CUATRO ESFERAS

Según Jonathan Menkos, del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi), las grandes ejecuciones de recursos del Estado se dan en ministerios como Educación, Salud, Gobernación, Defensa y Comunicaciones.

“Las prácticas corruptas de acuerdo a los estudios internacionales se dan principalmente en cuatro esferas, la primera vinculada a la construcción de infraestructura pública, la segunda a la adquisición de medicamentos, la tercera a la adquisición de bienes y servicios y la cuarta en la contratación de personal”.

Menkos indica que cada adquisición pasa por las manos de los ministros jugando un rol estratégico, aunque el funcionario no es un dios que puede estar en todo y menos en ministerios tan grandes como los mencionados anteriormente.

Según el entrevistado en muchas ocasiones a pesar de los controles duales que existen, hay complicidad de los funcionarios para atender las prácticas corruptas al beneficiar a algunas empresas para la adquisición de algún bien o servicio.