El grupo guerrillero Ejército Popular Revolucionario (EPR) adoptó una nueva estrategia de atentados espectaculares contra gasoductos, sin causar víctimas, golpeando así a la industria mexicana, obligada a detener o reducir su producción a falta de gas natural.
Unas mil empresas, entre ellas los constructores de automóviles Volkswagen y Honda, están afectadas en diez Estados del centro y del este de México a raíz de las explosiones del lunes contra ductos de la empresa petrolera estatal Pemex, cuya autoría se adjudicó el EPR.
«Son atentados con muchas repercusiones mayores porque tienen impacto en la cadena productiva», dijo Eduardo García, director del sitio económico de internet Sentido Común. El EPR «es una organización bien informada, se nota un amplio conocimiento de los lugares más vulnerables (…). Pega donde más lastima».
«Es grave, las empresas trabajan con mecanismos de ’just in time’ para eliminar inventarios. Si suspenden la producción durante cinco días, puede alterar fuertemente» la actividad, agregó.
Jesús Reyes Heroles, director general de Pemex, anticipó el martes una demora de cuatro días antes del restablecimiento de la distribución de gas natural.
El EPR, que acusa de represión al gobierno y exige pruebas de vida de dos de sus miembros detenidos en mayo, endureció sus acciones con una política de acoso contra un pulmón económico que afecta a los industriales, aliados del presidente conservador Felipe Calderón en la campaña electoral.
Mientras Calderón ofrece a México como tierra de inversiones –estuvo el lunes y martes en India– los inversores potenciales están advertidos de que deberán incluir al EPR en sus ecuaciones de factibilidad.
«Es un nuevo riesgo» a tomar en cuenta por los inversores, según Eduardo García. «Podría alterar la capacidad de México de atraer inversión extranjera».
Las seis explosiones simultáneas del lunes siguieron a otros ataques cometidos el 5 y el 10 de julio que también habían dejado fuera de servicio a una parte de la red de distribución de gas de Pemex, empresa pública que contribuye al menos a un tercio del presupuesto de México.
Los empresarios mexicanos están furiosos y preocupados.
«Perece que esta vez los efectos son más importantes. Hace dos meses tardaron tres días para que volviera a fluir el gas, esta vez Pemex anunció al menos cuatro días, las pérdidas serán mayores», dijo un directivo de la organización patronal Coparmex, Jesús Antonio Ortega.
Ortega se pregunta además por el trabajo de los servicios de inteligencia.
«Es como si no existieran. Estamos dos meses después y no hay ningún avance sobre lo que sucedió el 5 y el 10 de julio», señaló.
El gobierno mantiene un mutismo total, negándose incluso a dar el nombre del explosivo utilizado.
«Parece que estamos entrando en una nueva etapa, la violencia es cada vez más grave en el país, y el gobierno hace oídos sordos (…) Esos grupos armados clandestinos saben dónde hacer más daño sin dañar vidas humanas», dijo Ortega.
En los últimos diez años, los grupos guerrilleros se contentaron con acciones contra centros comerciales o agencias bancarias, causando algunos daños materiales.
En el comunicado de reivindicación de los atentados, el EPR acusó al gobierno de «profundizar la guerra sucia y el terrorismo de Estado», y advirtió que los atentados continuarían mientras no obtuviera una señal de vida o la libertad de sus dos miembros detenidos.
El EPR hizo su aparición pública en 1996, en el estado mexicano de Guerrero (sur), en el primer aniversario de la llamada «Matanza de Aguas Blancas», en la que grupos paramilitares asesinaron a decenas de opositores al gobierno local.