La detención ayer en Turquía de varias decenas de militares permitió posiblemente impedir un golpe de Estado, según expertos, pero para otros analistas se trata de un capítulo más en la guerra entre el Gobierno islamista moderado y el Ejército, garante del régimen laico.
En una histórica redada realizada en medios militares, la policía detuvo a 49 oficiales en servicio activo o retirados, incluyendo a los ex jefes de la aviación y la marina, en el marco de una investigación sobre un presunto proyecto para dar un golpe de Estado, llamado Balyoz (Almádena).
Dicho plan, tal como fue revelado en enero por el diario liberal Taraf, planeaba provocar la cólera de los medios islamistas poniendo bombas en las mezquitas a la hora de la plegaria, y organizar ataques de falsos islamistas contra símbolos de la laicidad.
Según Taraf, la caída programada de un avión caza turco durante un enfrentamiento con las fuerzas griegas estaba destinada a reavivar las tensiones entre ambos países e incrementar la confusión, haciendo necesaria la instauración de un régimen militar y el arresto de numerosas personas.
El Ejército rechazó las acusaciones y denunció una campaña de desprestigio. Sin embargo, el estado mayor reconoció en un comunicado la existencia de ese plan, refiriéndose simplemente a un «guión» de juego de guerra preparado en 2003.
De acuerdo con Taraf, la ola de arrestos es un «punto de ruptura» en la historia política turca, marcada por cuatro golpes de Estado militares en 50 años.
«La República está cambiando. La era de la dictadura termina. Los golpistas son arrestados y conducidos ante la justicia», señala triunfalmente el martes en las columnas de este periódico su director, Ahmet Altan.
En cambio, en el último episodio de una serie de procedimientos judiciales que desembocaron en el arresto de decenas de presuntos conspiradores, la investigación es criticada por la oposición, que la considera una manipulación del gobierno para debilitar al sector pro laico.
«Con esos arrestos están tratando de crear miedo en Turquía», afirmó en un comunicado el Partido Republicano del Puelo (CHP, centro-izquierda). El movimiento laico acusa regularmente al Partido de la Justicia y el Desarrollo (AKP, en el poder) de querer islamizar la sociedad subrepticiamente.
La hipótesis de una «caza de brujas» deja escéptico a Hugh Pope, del International Crisis Group.
«Está claro que la justicia es muy seria y seguramente no hubiera encarcelado a tantas personalidades de alta jerarquía si no hubiera tenido la absoluta certeza de que verdaderamente había un expediente», dijo este analista a la AFP.
Sin embargo, Pope, quien reconoció la existencia de «pruebas inquietantes» de abusos en los procedimientos que se están llevando a cabo contra los supuestos conspiradores, considera que esas investigaciones son «un proceso mediante el cual Turquía está estableciendo la primacía de la autoridad civil» sobre el poder militar.
De acuerdo con Alexander Tumarkin, un politólogo del Instituto Francés de Estudios Anatolios, la eventualidad de un golpe de Estado no es una mera ficción en la Turquía del siglo XXI, candidato a la adhesión a la Unión Europea.
«Se tiene la impresión de haber llegado a un nivel tal (de antagonismo entre el ejército y el gobierno) que o bien el ejército se acostumbra y acepta retirarse del espacio político, o bien continúa preparando una desestabilización del poder para obligarlo a abandonar el escenario», destacó Tumarkin.