La extradición del expresidente Alfonso Portillo Cabrera es el chivo expiatorio que sirve de cortina de humo a la estrategia perversa del desgastado y debilitado Gobierno que preside el General Pérez. El procedimiento utilizado por las fuerzas de seguridad para entregar al expresidente fue ilegal, además de opaco, apresurado y abusivo.
Me parece, que ante el generalizado malestar social provocado por la aberrante resolución dividida, ilegal y que excede las funciones de la Corte de Constitucionalidad, en el sentido de anular la condena que por los delitos de genocidio e incumplimiento de deberes de humanidad, sentenció a 80 años de prisión al General Ríos Montt, el General Pérez buscó desviar la atención, sin importar que se violara la ley en todos los sentidos. Por mucho que la retórica oficial diga que en ambos casos, “se respetó” la ley y que prevalece el Estado de Derecho, es fácil entender que el Estado y el Gobierno violan leyes y normas internacionales.
Por una parte, la decisión de la C.C. estremeció la conciencia ciudadana y produjo repudio de la mayoría de la sociedad guatemalteca.
Por otra, la extradición del expresidente Portillo sigue creando rechazo e indignación. Es un acto calificado de servilismo, de entreguista, de sometimiento a los poderosos amos del Norte. Es una revancha política de grupos oligárquicos guatemaltecos, que actúan en colusión con intereses del capital transnacional y de la estrategia geopolítica del centro imperial.
Conceder la extradición, cuando aún estaban pendientes de resolver recursos judiciales, secuestrarlo del hospital sin respetar su delicado estado de salud, ni el debido proceso, entregarlo a un país que no se comprometió a respetar los derechos humanos del expresidente, porque no es parte del Sistema Regional de protección de los Derechos Humanos, muestra que el Estado de Guatemala, viola sistemáticamente los derechos humanos del expresidente Portillo. Más, cuando por sorpresa, el Gobierno dispone trasladar al exmandatario, del hospital donde estaba recluido hacia el aeropuerto y entregado a autoridades estadounidenses.
Se siguen violando los derechos humanos de la población. Se imponen restricciones a la libertad de información. Durante la entrega del expresidente Portillo un alto funcionario del Gobierno estadounidense cometió agresión física contra un comunicador social. Esos actos ofenden la dignidad nacional.
¿Dónde está el pronunciamiento del Procurador de los Derechos Humanos PDH? ¿Qué dice el Relator de Libertad de Expresión Frank Larrue? Cumplan con su mandato, hagan su trabajo. El PDH debe investigar a fondo las violaciones cometidas por el Estado en contra del expresidente Portillo, desde todos los vicios judiciales ocurridos en el proceso del que fue absuelto, hasta el incumplimiento del debido proceso, por la forma en que fue sacado del país y entregado a las autoridades estadounidenses.
La conflictividad social va en aumento, los gobernantes persiguen y reprimen a los luchadores sociales, criminalizan las demandas populares. Seguimos con un Estado débil, el país va a la deriva y para terminar de ajustar el cinturón, los gobernantes violan la ley, no defienden la Soberanía Nacional, asumen una actitud entreguista, sometida y humillante, que para muchos, ofende la dignidad de la Nación.
El país necesita un cambio de rumbo, basado en el rescate de la dignidad nacional y el respeto a los derechos humanos. Llamo a la conciencia y a la dignidad de la ciudadanía del país, a todas las mujeres y hombres libres, para que levantemos la voz, repudiemos las acciones ilegales de los gobernantes y exijamos el respeto a los derechos y libertades fundamentales de los seres humanos.
Por ello, he meditado sobre esa necesidad y aunque parezca una utópica tontería, ejerciendo mis derechos humanos y de ciudadanía, pido la dimisión completa del actual Gobierno que preside el General Pérez. Súmese usted.