Siempre se ha dicho que una golondrina no hace verano y cuando vemos la condena pronunciada contra Marco Tulio Abadío por actos de corrupción mientras dirigió la Superintendencia de Administración Tributaria, tenemos que pensar en esa añeja expresión porque no sería correcto aplicar la justicia con criterio selectivo.
Si existe una decisión de las autoridades judiciales del país y sobre todo del Ministerio Público, para encausar a todos los funcionarios públicos que incurran en acciones delictivas para enriquecerse ilícitamente, estamos hablando de un cambio importante y trascendente en la vida nacional. Si, por el contrario, se trata de una venganza política, por mucho que hayan existido actos ilícitos en el comportamiento de Abadío, estaríamos frente a una nueva manifestación de prostitución del estado de derecho.
Promovemos un combate frontal a la impunidad en todos los campos y desde ese punto de vista cualquier sentencia dictada en contra de quienes puedan verse beneficiados por un sistema que alienta la protección de los delincuentes y la absoluta impunidad de quienes amasan fortunas enormes a la sombra del poder tiene que ser bien recibida. Pero lo ideal sería que fuera el precedente para que de aquí en adelante cualquier funcionario que haga mal uso del dinero público se tenga que sentir en riesgo de recibir una fuerte condena.
El ideal es que quien la haga, termine pagándola; hasta hoy eso ha sido una utopía en nuestro país y todavía tenemos razones para suponer que no existe una decisión del colectivo nacional para cambiar las cosas. Por ello es que la condena de Abadío puede verse como un hecho aislado, producto de la mala relación que el encartado mantuvo con los medios de prensa y con poderosos sectores económicos en el país, más que de una verdadera intención de servir a la justicia.
Abadío podría y debería convertirse en símbolo de la justicia si es que ese caso sirve para que de aquí en adelante todos los funcionarios públicos tengan que poner su barba en remojo porque serán obligados a rendir cuentas de la forma en que manejaron los recursos públicos. Pero nos parece incongruente que baste con la contratación de una entidad como la Organización de Aviación Civil para que eludan toda obligación de rendir cuentas y de someterse a las leyes nacionales o que contraten a la Organización Internacional para las Migraciones para hacer lo propio, no digamos eso de recurrir a la figura de los fideicomisos para asegurarse la impunidad. Si Abadío hubiera hecho sus compras usando esos procedimientos, posiblemente estaría libre hoy, como estarán libres muchos pícaros en el futuro aunque toda la población sepa y se dé cuenta que se enriquecieron usando los dineros públicos.