La puesta en libertad de Carlos Quintanilla, quien fuera acusado de espionaje en Casa Presidencial, ha evidenciado distanciamiento entre dos grupos financistas del actual Gobierno, así­ como la fragilidad del sistema de justicia. El Gobierno anunció sentirse satisfecho con la resolución del tribunal.

Analistas de seguridad opinan sobre la absolución que fue concedida a Carlos Quintanilla, quien enfrentó proceso por supuesto espionaje, el cual fue denunciado por el mismo presidente ílvaro Colom.

La Fiscalí­a del caso asegura tener suficientes pruebas que confirman que estuvo vinculado al caso de espionaje del que se le sindicaba, por lo que esperarán la notificación oficial para apelar. Pese a ello, fuentes oficiales del Gobierno aseguran que están satisfechos por la resolución y que no apelarán.

Giuseppe Calvinisti, vocero presidencial, declaró que la Presidencia se sentí­a satisfecha, ya que se siguió el debido proceso y aseguró que no se apelará la resolución, pues son respetuosos de la Ley.

«El Ejecutivo no seguirá persiguiendo, pues se agotaron las ví­as legales, si el proceso fue cancelado allí­ quedará el tema. El Presidente está satisfecho de que el debido proceso se llevó a cabo, todas las personas son inocentes hasta que se les haga un cargo formal», dijo Calvinisti.

Por su parte, Ronaldo Robles, secretario de Comunicación Social de la Presidencia, recordó que no se acusó a Quintanilla por haber puesto los aparatos, sino por no cumplir con su función de brindar seguridad al Presidente y aclaró que según investigación del FBI tres de los aparatos sí­ funcionaban.

Ayer, Quintanilla acusó a Robles y otros funcionarios del Gobierno de haber montado las pruebas para que él fuera señalado.

LUCHA DE PODER

Iduvina Hernández, activista de Seguridad en Democrática, opina que la absolución es una confirmación de que siguen funcionando mecanismos de impunidad en el sistema de justicia del paí­s, que éste es infuncional y no responde a las necesidades de la población en cuanto a la resolución de crí­menes.

Para Sandino Asturias, analista del Centro de Estudios de Guatemala, Quintanilla queda libre por este proceso, «pero habrá que investigar para saber si esta vinculado a otros casos».

Según este analista, el caso de espionaje en Casa Presidencial evidencia la pugna entre dos grupos de poder dentro de la UNE para controlar negocios del Estado.

«Un grupo buscó la manera de sacarlo y vincularlo (a Quintanilla), a delitos y no pudieron comprobar adecuadamente que éstos fueron cometidos; la disputa no es polí­tico-ideológica sino sacar a otros de los negocios», opina el analista.