Mientras la información de los beneficiarios con Mi Familia Progresa, programa social del Ejecutivo, es confidencial y sólo puede ser abierta a quien designe la Corte de Constitucionalidad, empresas como Infornet hacen uso, no adecuado en algunos casos, de los datos personales de los guatemaltecos.
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El secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Ronaldo Robles, señaló que la postura del Gobierno en cuanto al tema se ha señalado en otras oportunidades, solicitando al Congreso de la República que se analice y se legisle respecto a quienes ostentan bases de datos que son privados y que se convierten en públicos al hacer transacciones con esa información.
«Nosotros si hemos hecho esos señalamientos en reiteradas oportunidades y reiteramos ese llamado porque debe respetarse la identidad, la privacidad de los guatemaltecos, sobre todo si uno está otorgando datos a una empresa equis y comprende que los da bajo normas de confidencialidad», dijo.
La analogía con el programa del Consejo de Cohesión Social es analizada por el funcionario, quien opina que con el programa se hizo «lo que según nosotros indica la Ley» y señaló que esto es un tema que ya ha sido dilucidado por la Corte de Constitucionalidad.
«Hay que comprender que para nosotros, en ese instante de la historia, la interpretación jurídica era muy clara, en ese momento. Ahora nosotros nos apegamos a la resolución de la Corte (de Constitucionalidad)», dijo el funcionario.
LEGISLAR, NO PROHIBIR
El secretario de Comunicación menciona que el Ejecutivo solicita la legislación sobre el tema del uso de los datos personales de un ciudadano.
Sin embargo, para Mario Polanco, del Grupo de Apoyo Mutuo, (GAM), no es correcta la postura que toma el Ejecutivo, pues considera que «así como se busca la forma de proteger los datos de los beneficiados con Mi Familia Progresa, se debe cuidar al resto de la población».
Polanco señala que se observa un discurso de doble moral de parte del Gobierno, pues se busca la secretividad «para ocultar la corrupción de las distintas dependencias del Estado, pero hay que ver si no la empresa, (Infornet) es de uno de los financistas de Colom», indica.
Además, el consultado señala que lucrar con información confidencial es un delito contemplado en el Código Penal, y considera que para solucionar el problema se debe cumplir con la ley, «que se procese a quien hace uso de los datos, se investigue la cadena y como se obtiene la información», pide el representante del GAM.