«Ahorita todo está en ley, no hay ninguna ilegalidad», así se refirió el ministro de Comunicaciones, Guillermo Castillo, sobre el caso Mury-CIV, esto luego de que en dos ocasiones aplazara dar declaraciones sobre el tema.
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Se aseguraba que hoy se daría a conocer el destino del viceministro financiero de Comunicaciones, Alfredo Mury, que también es mandatario de la empresa constructora Conasa, pero el titular de la cartera de Comunicaciones indicó que la decisión es: «esperar la información de la PGN y los resultados del estudio del equipo».
El funcionario se refería a un equipo «paralelo» del Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda (CIV), que investiga los contratos que han sido otorgados a la empresa constructora para determinar si existe o no un conflicto de intereses, «de la información que me han pasado, él, (Mury), no ha firmado ningún contrato», dijo.
Además, Castillo señaló que espera información de la Procuraduría General de la Nación (PGN), para determinar si existen ilegalidades, «si la PGN dice que hay una ilegalidad o una inmoralidad o está en zona gris, yo tomo la decisión de retirarlo del cargo, si la PGN dice que todo está en orden y no hay ilegalidad y veo que no ha otorgado contratos y no hay conflicto de interés, yo tomaría la decisión de quedármelo», aseguró.
AYUDA
Las declaraciones en torno al caso se dieron en el inicio de la Conferencia Internacional para Cooperantes, en donde el Gobierno busca obtener ayuda extranjera que sume unos Q11 mil 900 millones, monto que se espera sea recopilado durante los cinco años que tardaría la «reconstrucción con transformación».
Carlos Amador, representante del sector empresarial, indicó durante su discurso que es necesario que exista una comisión que fiscalice, una cabeza con credibilidad, confianza, transparencia y rendición de cuentas.
Por su parte, el secretario de Comunicación Social de la Presidencia, Ronaldo Robles, señaló que se buscará que una entidad de Naciones Unidas administre los fondos que se recibirán de parte de los cooperantes.
En la Conferencia de cooperantes sobre la donación que harán a Guatemala para la reconstrucción de país, analistas consideran que la prioridad a atender por parte del Gobierno debería ser la reparación de carreteras, puentes, escuelas, hospitales entre otras necesidades en los departamentos afectados por la naturaleza.
Alejandro Urízar, de Acción Ciudadana, manifestó: «lo importante de la donación es saber hacia dónde va ese dinero y en qué se estará utilizando; es necesario que exista transparencia y fiscalización para que no haya la tan mal mencionada corrupción en la compra de materiales vencidos o de baja calidad».
Eduardo de León, de Fundación Rigoberta Menchú, dijo que es necesario una buena fiscalización y transparencia sobre el gasto en la reconstrucción.
Verónica Spross, directora ejecutiva de Empresarios por la Educación, comentó que las carreteras, puentes, escuelas y centros de salud deben ser la prioridad en tema de gasto, así como la transparencia para los trabajos.