El gobierno argentino calificó hoy de ilegal el paro de transporte de combustibles liderado por el combativo sindicalista Hugo Moyano y advirtió que la industria se va a paralizar.
El Ejecutivo confirmó además que denunció penalmente a Moyano, quien dijo el miércoles que convocará a una huelga nacional de camioneros y transporte en medio de una guerra abierta con la presidenta Cristina Fernández por reclamos de aumentos salariales, entre otras demandas laborales.
Moyano era hasta hace unos meses aliado incondicional de Fernández, pero en los últimos tiempos su relación con la presidenta empeoró de tal forma que ya no se hablan. Entre los reclamos del sindicalista al gobierno está la eliminación del impuesto a las ganancias para mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores en un contexto de una inflación de 25% anual.
En contrapartida, la mandataria ha pedido a los trabajadores responsabilidad en sus reclamos en medio de una crisis internacional que está afectando la economía del país.
Moyano, líder de la poderosa Confederación General del Trabajo (CGT) y titular del sindicato de camioneros, no definió aún cuándo será la protesta de alcance nacional, que dejaría virtualmente paralizado al país. El gremio de camioneros abarca los sectores de transporte pesado, de larga distancia, de recolección de residuos, de materiales peligrosos y de caudales, entre otros.
El ministro de Planificación, Julio De Vido, dijo en rueda de prensa que el Ejecutivo aplicará la ley de abastecimiento para asegurar la distribución de combustibles por la huelga que comenzó el miércoles y se prolongará hasta el viernes por la mañana. Señaló que muchas localidades están en una situación crítica por la falta de gasolina, gasoil y gas en momentos en que hay bajas temperaturas por el invierno austral.
«Apelamos a la sensibilidad humana. Ya no estamos hablando de conflicto sino de la necesidad de poder abastecer de gas LPG (gas licuado de petróleo) a las localidades… para la calefacción», dijo de Vido. La producción de gas y electricidad en Argentina tienen fuerte componente de petróleo.
Señaló que el gobierno desea que el sindicato de camioneros vuelva «rápidamente a la racionalidad y, mientras tanto, no nos cabe otra alternativa que tomar todas las medias legales pertinentes porque no vamos a apelar a otra vía que no sea la legal». El miércoles por la noche la gendarmería –policía de fronteras– intentó en vano despejar los accesos a refinerías de la provincia de Buenos Aires para permitir la salida de camiones. Los camioneros les impidieron el paso arrojando basura y formando cordones humanos.
De Vido también criticó la «absoluta falta de colaboración» de la patronal del transporte en el conflicto y dijo que el gobierno la demandará por el supuesto incumplimiento de la ley de soberanía hidrocarburífera al no permitir que se agilice la distribución de combustibles.
«Se van a custodiar las plantas y las refinerías», agregó De Vido, que advirtió que de continuar la situación «gran parte de la industria argentina se va a ver paralizada» y se verán afectadas incluso las reservas de gas residencial.
La demanda en la justicia contra Moyano y su hijo Pablo Moyano, secretario adjunto del gremio de camioneros, es por los delitos de «amenazas, coacción agravada y entorpecimiento de los servicios públicos».
El gobierno también aplicó una multa de cuatro millones de pesos (unos 888.000 dólares) al sindicato de camioneros por haber convocado a una huelga a pesar de que se había dictado la conciliación obligatoria entre los trabajadores y la patronal.
Los choferes que responden a Moyano iniciaron el martes por la noche un bloqueo de los accesos de las principales refinerías del país e impidieron la salida de camiones transportadores de combustibles luego de fracasar las negociaciones con los empresarios por un aumento de 30% de sus salarios y el pago de un bono extraordinario de 700 dólares.