El gobierno británico detalló hoy su polémica reforma de los subsidios por desempleo, que incluye poner a trabajar a los desempleados, al día siguiente de que miles de estudiantes protagonizaran la primera manifestación, dominada por la violencia, contra su plan de ajuste.
Los desempleados que rechacen ofertas de trabajo o no se presenten a las labores comunitarias obligatorias perderán sus prestaciones por una duración de hasta tres años, según el plan presentado por el ministro de Trabajo y Pensiones, Ian Duncan Smith.
«Nos aseguraremos de que el trabajo siempre pague más que recibir subsidios», declaró Duncan Smith al presentar su proyecto a los diputados este mediodía en la Cámara de los Comunes.
El objetivo es ahorrar los 5.000 millones de libras (8.000 millones de dólares, 5.800 millones de euros) que, según él, le cuestan anualmente al Estado el fraude y los errores en la factura de las prestaciones sociales.
La reducción de esta factura, que globalmente representa alrededor de una tercera parte del gasto público, se enmarca en el drástico programa de recortes del gobierno de David Cameron en el poder desde mayo para reducir el déficit presupuestario y la deuda británica.
La coalición anunció en octubre un plan para ahorrar 81.000 millones de libras (130.000 millones de dólares, 95.000 millones de euros) en cuatro años.
Otra de las medidas incluidas en el plan es el aumento del precio de las matrículas universitarias a partir de 2012, algunas de las cuales podrían triplicar el coste de los estudios, que ayer sacó a la calle a miles de estudiantes.
Hasta 50.000 estudiantes participaron en esta primera manifestación contra la coalición gubernamental, que estuvo dominada por la violencia, después de que unos 200 jóvenes tomaran por asalto el edificio que alberga la sede del Partido Conservador, en el centro de la capital.
El enfrentamiento entre unos 200 jóvenes y unos policías que parecieron totalmente desbordados se saldó con 14 heridos, 50 detenidos y cuantiosos daños materiales.
«Esto es sólo el principio», tituló en portada este jueves el diario progresista The Guardian.
La coalición, sin embargo, reafirmó su intención de aplicar las medidas.
«El gobierno no va a dar marcha atrás sobre una reforma necesaria», afirmó Duncan Smith en una de sus entrevistas matutinas con motivo de la publicación de su Libro Blanco sobre los subsidios sociales.
La principal iniciativa incluida en este Libro Blanco es la que hará perder a los parados su prestación durante tres meses si rechazan una oferta de trabajo, seis meses si rechazan dos y tres años si lo hacen por tercera vez.
La más polémica, sin embargo, es la que obligará a los desempleados de larga duración a efectuar 30 horas semanales durante cuatro semanas de labores comunitarias no remuneradas, como recogida de hojarasca o limpieza de graffitis, so pena de perder la prestación que según datos oficiales reciben 1,5 millones de los 2,5 millones de parados del Reino Unido.
Desde Seúl, donde participa en la cumbre del G20, el primer ministro David Cameron defendió esta nueva batería de medidas con las que sus promotores sugieren que podrían sacar a más de 800.000 personas de la pobreza.
«Trabajar tiene que pagar», dijo. «No se puede tener una situación en la que si alguien se levanta y va a trabajar, termina peor».
Por último, la reforma incluye además un plan para unificar las numerosas prestaciones sociales en un «subsidio universal».
Las críticas no se hicieron esperar. La máxima responsable de la rama local de la organización Save the Children, Sally Copley, dijo que las sanciones creaban un «clima de miedo», mientras que la directora de Oxfam, Kate Weiring, advirtió del «riesgo de indigencia» que corrían las familias que se quedaran sin ingresos.
Unos 3.000 activistas protestaron hoy en Seúl contra la cumbre del G20 bajo la vigilancia de un fuerte dispositivo de seguridad, que incluye un vallado de dos metros de altura alrededor del centro de reuniones.
«Â¡La guerra de monedas no es una prioridad!», gritó Kim Jong-Kyum, de 29 años, durante esta manifestación en la capital surcoreana en la que se criticó al G20 por no prestar atención a las consecuencias sociales «devastadoras» de la crisis económica.
Los debates de la cumbre de las 20 principales economías mundiales están dominados por las tasas cambiarias, en particular del yuan chino y el dólar norteamericano, cuyas cotizaciones son juzgadas demasiado débiles por muchos otros países.
«G20, dejen de hacer pagar la crisis al pueblo», proclamaba una banderola colocada en el escenario en el que los sindicalistas arengaban a los transeúntes, en su mayoría poco receptivos a este llamamiento.
La cifra de 3.000 personas estuvo por debajo de las expectativas de los organizadores.
La protesta, en la que se mezclaban estudiantes, sindicalistas y militantes de asociaciones internacionales antiglobalizacion, tuvo lugar sin incidentes y fue seguida muy de cerca por la policía.
En lo que se constituyó como una primera prueba del dispositivo de seguridad para la cumbre, la policía evitó que una mujer de mediana edad se inmolara frente a la entrada del complejo en el que se lleva a cabo la reunión.
La mujer se roció con tiner, un disolvente químico altamente inflamable, fuera de la entrada del centro de convenciones COEX donde el viernes tendrá lugar la cumbre de presidentes, pero la policía logró evitar que encendiera el líquido, según presenció un reportero de la AFP en el lugar.
La mujer gritó «asesino», en referencia al presidente surcoreano, Lee Myung-Bak, quien alberga la cumbre de líderes del G20 que comenzó con una cena oficial este jueves por la noche.
Fue detenida por la policía y la razón de su protesta no fue aclarada.
Corea del Sur alberga con este G20 la mayor reunión diplomática de la que haya sido anfitrión, y la ciudad de Seúl se vistió de gala para la ocasión.
El gobierno movilizó a 50.000 policías en todo el país y aprobó una ley especial que restringe las protestas en áreas cercanas a los líderes participantes.