Gobierno declara «estado de alarma»


Vista del tablero electrónico del aeropuerto Reina Sofí­a, en Tenerife, que anuncia cancelaciones de vuelos por la huelga de controladores aéreos. FOTO LA HORA: AFP DESIREE MARTIN

Los controladores aéreos españoles empezaban a regresar a sus puestos de trabajo este sábado desde el mediodí­a después que el gobierno declaró el «estado de alarma» por una huelga salvaje del sector iniciada el viernes que tiene paralizado el tráfico aéreo en todo el paí­s.


«Se trata de la primera vez que se aplica una norma de esta naturaleza» en España desde la vuelta a la democracia tras la muerte del dictador Francisco Franco, en 1975, señaló el vicepresidente primero del ejecutivo, Alfredo Pérez Rubalcaba.

Este sábado por la mañana los aeropuertos seguí­an «prácticamente todos paralizados», indicó, por lo que «el consejo de ministros ha aprobado un decreto por el cual se decreta el estado de alarma, de acuerdo con nuestra Constitución», que durará en principio «15 dí­as», anunció.

Esto significa que los controladores, «en caso de no asistir al trabajo, estarí­an incurriendo en un delito de desobediencia tipificado en el código penal militar», explicó.

Poco después de este anuncio, los controladores, que abandonaron su trabajo el viernes por la tarde, empezaron a regresar a sus puestos poco después del mediodí­a y hacia las 15H00 locales (14H00 GMT), dos tercios de ellos se habí­an incorporado (109 de un total de 159) y más de la mitad del espacio aéreo español se habí­a reabierto, indicó el gestor aeroportuario AENA.

Pero «no se ha retomado el tráfico aéreo», ya que para ello deben reprogramarse los vuelos cancelados, avisar a Eurocontrol, a los pilotos y a los pasajeros, entre otras cosas, explicó.

El ejército pasó el viernes por la noche a tomar el control del tráfico aéreo, aunque no se reanudaron los vuelos.

El aeropuerto de Madrid, donde esperaban bloqueadas miles de personas desde el viernes por la tarde, estaba listo para la salida de vuelos a las 16H00 locales (15H00 GMT), dijo AENA.

El estado de alarma está recogido en la Constitución y en una ley de 1981 para eventualidades como «terremotos, inundaciones, incendios» o «accidentes de gran magnitud», «crisis sanitarias», «paralización de servicios públicos esenciales» o «situaciones de desabastecimiento de productos de primera necesidad».

La fiscalí­a de Madrid abrió una investigación por un delito de sedición, punible con penas de hasta ocho años de prisión.

El viernes, prácticamente todos los controladores españoles del turno de tarde presentaron «bajas masivas» y se declararon «incapaces para prestar el servicio», y abandonaran su trabajo, lo que obligó a las autoridades a cerrar progresivamente casi todo el espacio aéreo español y a que casi todos los aeropuertos dejaran de operar.

«La normalización definitiva no va a ser fácil: se han suprimido muchos vuelos, muchos enlaces, por tanto hay que reconfigurar todo el calendario aéreo y no es algo sencillo, no va a ser cuestión de horas sino algo más», advirtió Rubalcaba, que compareció ante la prensa después de una reunión ministerial urgente convocada por el presidente del gobierno español, José Luis Rodrí­guez Zapatero.

La huelga se produce después que el gobierno aprobó el viernes por la mañana un decreto que establece los nuevos horarios de los controladores y que según ellos, les obliga a trabajar más horas, lo que supone una situación insostenible, según estos profesionales.

Pero Rubalcaba denunció que «un grupo de trabajadores se valen de su posición preeminente en la administración del control aéreo» y «a partir de esa especie de monopolio laboral están sometiendo al conjunto de los ciudadanos para defender un conjunto de privilegios» que calificó de «intolerables».

«No podemos aceptar (…) el chantaje al conjunto de los ciudadanos y al gobierno», aseguró, y definió la acción como «lo más parecido a una huelga salvaje que existe».

Según cifras del ministerio de Transporte, de los 2.300 controladores aéreos activos en España, 135 cobran más de 600 mil euros anuales y 713, entre los 360.000 y 540.000 euros, sensiblemente más que sus colegas europeos, debido a un sistema muy ventajoso de horas extras.

La huelga se inició al principio de un puente festivo en España que se prolonga hasta el miércoles, por lo que numerosos españoles se disponí­an a tomar un avión para viajar en estas fechas y unos 300 mil pasajeros están afectados.

Además, el viernes por la mañana el gobierno español aprobó la privatización parcial de la gestión de los aeropuertos.

MINISTRO Espacio abierto


El espacio aéreo español «está totalmente abierto», anunció este sábado el ministro español de Fomento y transporte, José Blanco, en la televisión CNN Plus, después que los controladores aéreos retomaron su actividad tras una huelga sorpresa.

«En este momento, el espacio aéreo está totalmente abierto», indicó Blanco.

Los controladores iniciaron el viernes por la tarde una huelga para protestar por sus condiciones de trabajo y el sábado, el gobierno decretó el estado de alarma, tras el cual los controladores retomaron sus puestos de trabajo.

La apertura del espacio aéreo no significa la normalización de la situación.

Serán necesarias «unas 24 ó 48 horas» para retomar la normalidad en los aeropuertos españoles, declaró el ministro de Fomento, José Blanco.

Tras la apertura del espacio aéreo, las compañí­as aéreas deben reprogramar los vuelos cancelados, avisar a Eurocontrol, a los pilotos y a los pasajeros, entre otras cosas, explicó el gestor aeroportuario, AENA.

«La normalización definitiva no va a ser fácil», advirtió por su parte el vicepresidente primero del gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, tras una reunión ministerial urgente convocada por el presidente del gobierno español, José Luis Rodrí­guez Zapatero.

«Se han suprimido muchos vuelos, muchos enlaces, por tanto hay que reconfigurar todo el calendario aéreo y no es algo sencillo, no va a ser cuestión de horas sino algo más», avisó.

El estado de alarma decretado por el gobierno supone que el ejército toma el control del espacio aéreo y obliga a los controladores a presentarse en sus puestos; de lo contrario pueden ser llevados a la justicia por un delito de desobediencia tipificado en el código penal.