El gobierno de Mariano Rajoy blindará judicialmente a la reina Sofía y a los príncipes Felipe y Letizia fijando que sea el Tribunal Supremo el que los juzgue en caso de que fueran imputados y procesados en alguna causa judicial.
«Se trata de aumentar la seguridad jurídica de personas que se entiende que tienen que tener tutela», dijo hoy el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, al anunciar la reforma de la ley orgánica del poder judicial, que incluye esa medida.
La futura ley recibió el visto bueno del gobierno, pero aún debe ser tramitada por el Parlamento.
Con ella, la reina y los príncipes tendrán el mismo tratamiento judicial que altos cargos del país como el presidente del gobierno, los ministros, diputados y senadores y la cúpula judicial.
«No veíamos lógico que en la estructura de nuestro Estado un ministro del gobierno estuviera aforado y que el príncipe heredero de la corona no estuviera aforado», dijo Ruiz-Gallardón.
Hasta ahora, si eran acusados de algún delito, su caso era competencia de los juzgados ordinarios. Solo la figura del rey es inviolable según la Constitución y no puede por ello ser llamado ante un juez ni para declarar ni para ser juzgado.
Con la reforma, las infantas seguirán sin tener aforamiento. La situación de la hija menor del rey Juan Carlos, la infanta Cristina, imputada por un juez de instrucción de Palma de Mallorca y salpicada por el caso de supuesta corrupción que protagoniza su marido, Iñaki Urdangarin, sería la misma también tras la reforma.
El ministro de Justicia negó que el aforamiento suponga un privilegio para la reina y los príncipes. «No es un privilegio porque no tienes posibilidad de recurso ante un tribunal superior», aseguró.