«El 15% del Acuerdo de San José que resta por negociar es lo concerniente a la restitución de Manuel Zelaya y eso no tiene vuelta de hoja», declaró el ministro de la Presidencia del gobierno de facto, Rafael Pineda Ponce.
El gobierno de Roberto Micheletti, que asumió el 28 de junio tras el derrocamiento de Zelaya, tiene pendiente una respuesta sobre el Acuerdo de San José, propuesto por el mediador en la crisis hondureña, el presidente de Costa Rica y Premio Nobel de la Paz, í“scar Arias, que estipula la vuelta al poder de Zelaya, amnistía política y adelanto de las elecciones de noviembre.
«El regreso sin condiciones de don Manuel Zelaya al ejercicio de la Presidencia de la Republica (…) es innegociable», subrayó Pineda Ponce a medios locales.
El gobierno de facto ordenó ayer a los diplomáticos argentinos abandonar el país a más tardar el viernes.
«La Secretaría de Relaciones Exteriores hace del conocimiento de la opinión pública nacional e internacional, que el día de hoy la cancillería argentina dio plazo hasta el viernes 21 de agosto al personal diplomático hondureño para que proceda a retirarse del territorio de ese país», señaló en un comunicado.
«En consecuencia, el Gobierno de la República, en estricta reciprocidad, otorga el mismo plazo para que los funcionarios diplomáticos argentinos en Tegucigalpa, procedan a su retiro de Honduras», agregó.
El gobierno de facto abrió otro frente de conflicto el martes al romper relaciones diplomáticas con Argentina, cuyo canciller Jorge Taiana integra la misión de seis países que la Organización de Estados Americanos (OEA) planea enviar a Tegucigalpa en busca de una salida a la crisis.
Argentina, que sólo reconoce a Zelaya, ha advertido que sus diplomáticos permanecerán en Honduras.
El gobierno de Micheletti tomó la decisión después de que Buenos Aires expulsara a la embajadora hondureña Carmen Eleonora Ortez Williams a petición de Zelaya, y anunció que ahora conducirá sus vínculos diplomáticos con Argentina a través de Israel.
Como Chile también expulsó al embajador hondureño Francisco Martínez por solicitud de Zelaya, no se descarta que el régimen de facto adopte igual medida con Santiago, dijo a la AFP un diplomático latinoamericano en Tegucigalpa.
La medida hacia Argentina se sumó a la orden de expulsión de los diplomáticos venezolanos hace cuatro semanas, que ha sido desafiada por Caracas.
Las autoridades de facto también decidieron «condenar desde ahora cualquier intento de pretender desconocer, desacreditar u obstaculizar el proceso electoral de este año».
El Congreso Nacional, dominado por partidarios del golpe, dijo en un comunicado que «reitera el apoyo incondicional al proceso electoral convocado por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) que se llevará a cabo el 29 de noviembre».
En la Asamblea General de la OEA celebrada el 4 de julio, cuando Honduras fue suspendida en respuesta al golpe, los cancilleres acordaron que no sería reconocido un gobierno surgido de elecciones celebradas por las autoridades de facto.
El conocido juez español Baltasar Garzón llegará a Honduras el fin de semana, junto a otros juristas internacionales, para participar en un taller y recibir denuncias acerca de violaciones a derechos humanos en el contexto del golpe de Estado del 28 de junio, informó una fuente del comité organizador del foro.
«Se está esperando al juez Baltasar Garzón y a otros prestigiados juristas internacionales que estarán en el Foro Taller de Juristas sobre la Corte Penal Internacional (CPI) y el uso del Sistema Interamericano de Derechos Humanos», dijo la directora ejecutiva de la Federación de Organizaciones Privadas de Desarrollo de Hondura (Foprideh), Reyna Rivera.
Rivera explicó que los juristas llegarán a Tegucigalpa entre sábado y domingo y que, durante su visita, también recibirán denuncias acerca de violaciones a derechos humanos en el contexto del golpe de Estado mediante el cual fue derrocado el presidente Manuel Zelaya y sustituido por Roberto Micheletti, el 28 de junio.
Los juristas «van a dar un taller a fiscales, jueces y abogados de que si aquí no se aplica la justicia, la Corte Penal Internacional sí lo va a hacer», advirtió la dirigente humanitaria.
Como ejemplo citó que el fallecido ex dictador chileno, Augusto Pinochet «fue detenido por instancias de la Corte Penal Internacional» porque la justicia de su país no lo había juzgado.