La concentración del poder en la rama ejecutiva del gobierno del presidente Hugo Chávez y su decisión de cancelar salvaguardas a los derechos humanos le dan a las autoridades venezolanas carta blanca para intimidar, censurar y encausar a críticos e impugnadores, afirmó hoy la organización Human Rights Watch.
La organización humanitaria independiente hizo el señalamiento en un informe de 134 páginas titulado «Concentración y Abuso de Poder en la Venezuela de Chávez».
El reporte fue difundido cuatro años después de que el director y el subdirector regionales de HRW fueron expulsados de Venezuela tras presentar un informe que llegaba a una conclusión similar.
En ese lapso, «la situación de los derechos humanos en Venezuela se ha tornado aún más precaria», expuso el grupo en el nuevo documento.
Las autoridades venezolanas no respondieron de inmediato a una solicitud de declaraciones sobre el reporte.
El informe fue divulgado mientras Chávez, luego de 13 años en el poder promoviendo un programa socialista que incluye la expropiación de empresas, busca la reelección el 7 de octubre frente a un adversario que lo acusa de utilizar injustamente los recursos estatales y de monopolizar los medios electrónicos de comunicación para su provecho.
«Ante las condiciones de una muy firme consolidación del poder, este es un verdadero reto», dijo el director para las Américas de Human Rights Watch, José Miguel Vivanco, sobre la situación que enfrenta el candidato presidencial opositor Henrique Capriles.
Vivanco dijo que le preocupa en particular qué ocurrirá si el resultado electoral es impugnado, pues —agregó— el sistema judicial de Venezuela se ha mostrado «completamente subordinado a los deseos y necesidades, las estrategias y objetivos del gobierno».
Chávez, de 57 años, comenzó este mes su campaña política luego de recibir tratamiento médico el año pasado en Cuba por un cáncer no especificado en el área de la pelvis. La semana pasada afirmó que estaba libre de cáncer, pero ha limitado sus apariciones públicas fuera de la capital a dos días por semana.
Una encuesta reciente le da a Chávez una ventaja de 15 puntos porcentuales sobre Capriles, aunque también encontró que el 23% de los electores están indecisos. El sondeo, realizado por Datanálisis y difundido el lunes, tuvo un margen de error de más/menos tres puntos porcentuales.
Capriles —de 40 años, un gobernador centrista a quien Chávez califica como el «niño de mamá» y como un instrumento burgués de los «imperialistas yanquis»— se ha abstenido de lanzarle ataques personales al mandatario y ha concentrado su campaña en promesas para combatir a la delincuencia rampante y la corrupción gubernamental.
Capriles realiza esa campaña en un clima en el que «el presidente Chávez y sus partidarios han venido construyendo un sistema que le da vía libre al gobierno para amenazar y castigar a los venezolanos que interfieran con su agenda política», afirmó la organización en el informe.
«La acumulación de poder en el Ejecutivo y el deterioro de las garantías de derechos humanos le han permitido al gobierno de Chávez intimidar, censurar e iniciar acciones penales contra críticos de su gestión y contra aquellos que considera opositores en una variedad de casos vinculados con el poder judicial, los medios de comunicación y la sociedad civil», agregó.
En los últimos cuatro años, la Asamblea Nacional —dominada por Chávez— ha aprobado leyes que acrecientan las facultades del gobierno para limitar la libertad de expresión y castigar a sus críticos, al tiempo que el Tribunal Supremo de Justicia —igualmente atestado con simpatizantes de Chávez— «ha rechazado abiertamente el principio de separación de poderes», dijo el organismo.
Otros elementos significativos expuestos por el grupo de derechos humanos son:
— El gobierno de Chávez «ha sancionado normas que restringen drásticamente el derecho del público a obtener información en poder del gobierno».
— Los ataques constantes del gobierno a los defensores locales de derechos humanos, quienes son tachados por las autoridades como enemigos del pueblo, han contribuido a hacerlos «más vulnerables a actos de intimidación de parte de funcionarios y a amenazas o actos de violencia» de parte de los simpatizantes de Chávez.
— Los actos del gobierno han enviado un mensaje claro a jueces, periodistas, locutores y defensores de los derechos, en particular de que «el presidente y sus seguidores están dispuestos y son capaces de castigar a las personas que desafían u obstaculizan sus objetivos políticos».
Aunque muchos venezolanos siguen criticando al gobierno, el temor a las represalias ha tenido un efecto intimidatorio en los medios de comunicación y «socavado la capacidad de jueces de decidir con independencia casos políticamente sensibles», dijo.
Human Rights Watch afirmó que su reporte —el cual detalla casos muy difundidos y otros menos conocidos de lo que llama abusos del gobierno— está basado en una investigación amplia y en cuatro visitas de mayo de 2010 a marzo de 2012.
Durante esas visitas, los investigadores «evitaron intencionalmente establecer contacto con las autoridades gubernamentales o atraer la atención pública», puntualizó el grupo.
La organización dijo que había presentado por escrito solicitudes de información a funcionarios de alto nivel en Venezuela, sin recibir respuesta.