Un análisis de los aciertos y desaciertos estatales del 2012, elaborado por el Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), resaltó el desbalance en los temas de desarrollo social y rural, al prevalecer la defensa de los intereses del sector económico en detrimento del respeto a los derechos de las poblaciones indígenas y los esfuerzos por mejorar la calidad de vida de las personas en el área rural.
La información del GAM señala que problemas estructurales en el país no pudieron ser resueltos por las autoridades, debido a posiciones y pensamientos excluyentes de la Cámara del Agro (Camagro) y el Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF).
Esas instituciones se opusieron férreamente a la aprobación de la iniciativa de Ley del Sistema Nacional de Desarrollo Rural Integral, que pretende impulsar el desarrollo integral sostenible en el área rural, para alcanzar una mejor calidad de vida e iniciar la transición hacia la seguridad alimentaria y a la soberanía alimentaria, destaca el análisis del GAM.
En relación con el medio ambiente y la minería, el sector privado ha favorecido los intereses de las transnacionales, las que solamente deben pagar el 1 por ciento de las regalías obtenidas de la explotación de los minerales; además los Estudios de Impacto Ambiental no han logrado evitar la contaminación de fuentes hídricas.
Es preocupante el nivel de confrontación que crea la minería, tal es el caso de La Puya, en San José del Golfo, donde supuestos trabajadores de la empresa, insultaron, agredieron y amenazaron a personas que permanecen afuera de las instalaciones para demandar la protección y la conservación de los recursos naturales, destaca el estudio de la citada organización.
El GAM también hizo una fuerte crítica a las seis ejecuciones extrajudiciales que ocurrieron en la Cumbre de Alaska, en Totonicapán, durante una manifestación que expresaba el rechazo de las reformas magisteriales, las reformas constitucionales y los cobros arbitrarios de la empresa que distribuye la energía eléctrica.
El gobierno asumió una actitud irresponsable al haber enviado al ejército a disolver la movilización, lo que detonó enfrentamientos y la muerte de los seis campesinos, sin embargo es importante reconocer que el Ministerio Público avanzó en la persecución penal de ocho soldados y un coronel, aunque aún no se han identificado a los responsables en la cadena de mando, concluye el documento del GAM.