Romeo Augusto Rodríguez Méndez, titular de la cartera de Energía y Minas de Guatemala, expresó que ese Ministerio no ha recibido la notificación de la sentencia surgida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y, por lo tanto, la mina Marlin sigue operando.
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El funcionario analizó que debido a esa situación, su cartera no puede iniciar un proceso de descargo, además se debe tomar en cuenta que el Gobierno de la República en su comunicado dijo que se acata la disposición de la CIDH, «siguiendo la legislación local», recordó.
Por ello, en su momento se deberá seguir un proceso interno para no vulnerar derechos que toda persona individual o jurídica tiene en el país; hay que demostrar que se violó la Ley de Minería, recalcó Rodríguez Méndez.
Como se recuerda, debido a múltiples denuncias de efectos en la salud y en los bienes materiales de los pobladores que viven en las cercanías de la mina en Ixtauhacán, San Marcos, la promoción de la denuncia prosperó en una sentencia de dicha Corte.
La resolución legal sobre los derechos humanos que se alegan por las consecuencias, llevó en un principio a tener la seguridad que se suspendería la operación de la minera.
La Hora se comunicó con Maritza Ruiz, encargada de la oficina de Relaciones Públicas de la minera en cuestión, quien ofreció hacer un contacto con uno de los ejecutivos y conocer la posición vertida hoy. Sin embargo, al cierre de esta edición, no había llegado la llamada telefónica de respuesta.