A un día de la audiencia que un juez de Nueva York mantendrá con abogados de Argentina y los bonistas a los que el país debe pagar mil 500 millones de dólares, el gobierno criticó hoy la «mala fe» de esos inversores por poner en riesgo el proceso de cancelación de la deuda externa.
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, afirmó a periodistas que la posición argentina es «racional» y advirtió que «la mala fe la tienen los bonistas buitres» que no aceptaron los canjes de deuda de 2005 y 2010 y pretenden cobrar mil 500 millones de dólares pese a que ello perjudica a los tenedores de títulos que aceptaron las reestructuraciones de la deuda en cese de pagos desde 2001.
El juez Thomas Griesa, quien falló que Argentina debe pagar a bonistas litigantes -lo que fue avalado por la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos-, analizaría si acepta la petición del país de establecer una medida cautelar que le permita pagar sus obligaciones con los tenedores de deuda reestructurada, que representan más de 92% del total de los acreedores, y seguir negociando con tranquilidad con los litigantes una propuesta para cancelar lo adeudado.
Griesa anuló el pago de 539 millones de dólares que Argentina debía realizar el 30 de junio a los bonistas reestructurados al considerar que esa cancelación no era viable si el país no pagaba al mismo tiempo y al contado a los litigantes, lo que ha dejado al país al borde de un nuevo default en el que entraría el 30 de julio.
«Argentina paga sus obligaciones», dijo Capitanich, quien explicó que el país solicitó a Griesa una medida cautelar que suspendería el fallo que la obliga a pagar a los llamados «fondos buitre» para que no haya ningún «tipo de alteración de las condiciones originales» de pago a los bonistas que aceptaron los canjes.
El ministro advirtió además que una cláusula firmada con los acreedores que aceptaron los canjes «puede disparar un acrecentamiento de la deuda argentina de 120 mil a 500 mil millones de dólares».
Argentina suscribió con los bonistas reestructurados la cláusula RUFO (Rights Upon Future Offers o Derechos Sobre Futuras Ofertas), que vencerá el 31 de diciembre de 2015, la cual impide al Ejecutivo ofrecer mejores condiciones de pago que las aceptadas por los inversores que ingresaron al canje. De gatillarse dicha cláusula, el país se expone a una avalancha de demandas.
Capitanich dijo que las negociaciones con los litigantes deben darse «bajo condiciones justas, legales y sustentables» para el ciento por ciento de los acreedores, al dar a entender que no se puede ofrecer mejores pagos a los «fondos buitre» que a los reestructurados, al menos mientras siga en vigor la cláusula RUFO.
También afirmó que «hay noticias» de que litigantes «quieren embargar a (la petrolera estadounidense) Chevron en el yacimiento de Vaca Muerta» en Argentina y acusó a esos fondos de «voracidad para apropiarse de activos reales».
Chevron y la petrolera argentina YPF están asociadas en la explotación en la provincia patagónica de Neuquén de Vaca Muerta, uno de los más importantes yacimientos de combustibles no convencionales del mundo.