Según declaraciones del vicepresidente Rafael Espada, el pasado lunes, «Gobernar es fácil», y como fórmula indica que únicamente hay que seguir al pie de la letra lo que dice la Constitución Política de la República de Guatemala.
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«Yo le digo al Presidente: Mirá, esta cosa no es tan difícil, la cosa es que nos metemos en un montón de ritmos que se salen del marco de la ley», dijo Espada
El vicepresidente Espada, que desde hace algunos meses anda con la ídem desenvainada, a veces da declaraciones muy simplistas. Y lejos de creer en lo que dice que se salen del marco de la ley (lo cual implicaría un reconocimiento de que cometen delitos premeditados), habría que tomar con pinzas estas declaraciones, que aparentemente no tienen mucho fundamento.
¿Es fácil gobernar? Yo no creo que sea fácil. Quizá haya personas que tengan una habilidad especial, con visión panorámica de todos los problemas nacionales, así como haber sido formado multidisciplinariamente, para poder tener un conocimiento bastante bueno de las posibles soluciones.
En el caso de Espada, más bien creo que quiso hacer un homenaje a las Constitución; es decir, intentó referir que si se sigue con nuestra Carta Magna, ésta es lo suficientemente buena como para guiar a nuestras autoridades. O sea, que si se sigue la máxima ley, con eso sería suficiente. Pero jamás fácil.
Sólo para hacer eco a los artículos 1 y 2 de la Constitución, los cuales son fundamentales, quizá los más importantes: El Artículo 1: «El Estado de Guatemala se organiza para proteger a la persona y a la familia; su fin supremo es la realización del bien común.» Este artículo es bastante amplio, y, a pesar de que no define cómo, da luz para toda la Carta Magna y todas las leyes en que todas las políticas públicas deberían estar encaminadas en el bien común, y no en que las autoridades se dediquen a hacer pisto, robárselo, viajar por todo el mundo, contratar ONG que no cumplen, nombrar policías corruptos como directores, y un largo etcétera de acciones que este y otros gobiernos han realizado, que no benefician en nada al bien común.
El Artículo 2 de la Constitución es aún más complicado: «Es deber del Estado garantizarle a los habitantes de la República la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz y el desarrollo integral de la persona», artículo que el Gobierno, el Congreso, Jueces y Magistrados, y otras autoridades, incumplen por completo.
A pesar de que, según Espada, basta con seguir la Constitución, reconoció que ésta necesita algunas reformas, lo cual, creería yo, que todos estamos de acuerdo. Debemos reformar la organización del Estado, como la forma en que se constituye el Organismo Judicial, las funciones específicas del Congreso, la nominación de los puestos que hoy día requieren postulación, así como derogar prohibiciones, como la de cateos en horarios nocturnos, detenciones a delincuentes capturados en flagrancia, entre otros.
Es muy cierto que, en las Bodas de Plata de la Constitución, nos hemos dado cuenta de que necesita reformas, parciales o integrales, y que unas nuevas medidas podrían ser importantes herramientas para las autoridades para combatir, sobre todo, al crimen organizado, que mantiene en zozobra a la población.
Sin embargo, las reformas son puramente herramientas que facilitan, pero que fundamentalmente se necesita de la voluntad de las autoridades para hacer que se cumplan.
Es decir, no podemos decir que el país está a punto del colapso sólo porque el Ejército no puede entrar a las cárceles. O sólo porque no se pueden hacer cateos antes de las seis de la mañana. O porque no se puede retener a los presuntos delincuentes por más de 24 horas. Hay otras vías, legales y constitucionales, que permitirían mantener la seguridad, y sobre todo, hacer cumplir el mandato constitucional de proteger a la persona humana y a la familia.
Pero si Espada dice que gobernar es fácil, no sé por qué no son capaces de evitar los 20 asesinatos diarios, las extorsiones, los secuestros, los bloqueos, la impunidad, la violencia, la especulación de precios, los daños a la salud por la minería, y otros hechos que atentan contra el mandato constitucional de garantizar el desarrollo integral de los habitantes.