El juez en el proceso contra el derrocado presidente egipcio Hosni Mubarak ordenó al actual gobernante militar del país, varios funcionarios del consejo militar gobernante y el ex vicepresidente que testifiquen a puerta cerrada sobre el papel del mandatario depuesto en la sangrienta represión de las protestas contra su gobierno.
Tanto la defensa como la fiscalía solicitaron el testimonio del mariscal Mohamed Tantawi, quien fue el ministro de Defensa de Mubarak y ahora es el gobernante militar del país.
También convocaron al jefe del Estado Mayor y a Omar Suleiman, vicepresidente y jefe de los servicios de espionaje bajo el gobierno de Mubarak.
Muchos egipcios creen que su testimonio es clave para determinar si Mubarak ordenó el uso de fuerza letal contra el levantamiento popular, que dejó casi 850 manifestantes muertos. Las protestas obligaron a Mubarak a dimitir el 11 de febrero.
Las sesiones privadas del juicio empezarán el domingo, pero mantendrán en secreto los detalles clave sobre las relaciones entre los funcionarios de alto rango.
Horas antes, un testigo de la fiscalía fue detenido el miércoles bajo cargos de perjurio durante su testimonio, una medida drástica después de que una serie de testigos previos también quedaron bajo sospecha de modificar sus relatos.
Los abogados dicen que cuatro testigos previos, todos ellos funcionarios del poderoso aparato de seguridad, dieron un testimonio a la corte diferente al de sus declaraciones anteriores a los fiscales, lo que sometió a la parte acusadora a una vergí¼enza profunda.
Los testigos negaron o dijeron ignorar que se hayan dado órdenes de disparar contra los manifestantes durante la revuelta de 18 días que derrocó a Mubarak.
Mubarak, así como seis de sus jefes de seguridad, están siendo juzgados por complicidad en la muerte de manifestantes durante las protestas callejeras contra el régimen.
Para el caso es clave demostrar que hubo órdenes de usar munición real para reprimir las manifestaciones.
Al comparecer ante la corte el miércoles, el testigo más reciente, el capitán Mohamed Abdel-Hakim, quien estuvo a cargo de otorgarle munición a un regimiento de seguridad en El Cairo, negó que los policías antidisturbios hayan recibido munición real.
Los abogados que representan a las familias de los manifestantes muertos lo acusaron de cambiar ante los fiscales sus declaraciones anteriores: había dicho a los investigadores que entregó cientos de balas a cada uno de sus soldados.
De inmediato, los fiscales acusaron de perjurio a Abdel-Hakim y el juez ordenó su detención.
Los abogados de las familias elogiaron la decisión de la fiscalía, a la que habían acusado anteriormente de no actuar con fuerza suficiente para disciplinar a sus testigos y presentar su caso. Algunos abogados de las familias han acusado a funcionarios de seguridad de alto nivel y partidarios de Mubarak de presionar a los testigos para que cambien sus versiones.
El lunes, el general policial Hussein Musa dijo durante el juicio que nunca hubo orden de disparar contra los manifestantes en la cairota Plaza Tahrir. Musa dijo que los agentes recibieron solamente orden de usar gases lacrimógenos y balas de goma, y que recurrieron al fuego real solamente para proteger las comisarías.
Las retransmisiones en directo de televisión del juicio han sido suspendidas por orden del juez, lo que ha enfurecido a muchos egipcios que deseaban ver el procesamiento de un hombre que gobernó el país durante casi 30 años, ampliamente odiado por encabezar un régimen plagado de corrupción, abusos policiales y un gobierno monopartidista.