El ministro de Gobernación, Mauricio López Bonilla, dijo esta mañana que se realiza un análisis respecto a la adquisición de las próximas armas de fuego para equipar a la Policía Nacional Civil, dejando claro que después de un proceso de excepción no se puede realizar una licitación para adquirir dicho armamento.
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Según Bonilla, el problema es la homologación. «Yo no puedo salir de un proceso como este a licitar, y meter otro tipo de marcas no se puede», es decir, que el ministro establece que las armas se adquirirán a través de un proceso de excepción y no de licitación, tal como lo recomendó la Contraloría General de Cuentas.
El Ministro del Interior dijo que la lógica es que si en el proceso de excepción se compraron una o dos marcas de armas en específico, una para toda la Policía a su despliegue nacional y otra para los investigadores, no se pude salir en una tercera marca.
“Entonces lo que estaremos haciendo es ver qué nos permite legalmente, al menos que pueda haber otra compra por excepción, porque la lógica es que todos los policías tengan una sola arma, por lo que no tiene sentido salir con una licitación” dijo Bonilla.
Además indicó que la compra de armas de fuego podría ser para los próximos dos años en un proceso por excepción, tal como lo realizaron este año, esto contraviniendo la opinión emitida por la Contraloría General de Cuentas.
DE INTERÉS NACIONAL
El Ministerio de Gobernación de Guatemala declaró de interés nacional la contratación para adquirir 17.346 armas de fuego sin sujetarse a los requisitos de licitación pública y cotización, que serán utilizadas por la Policía Nacional Civil (PNC).
La adquisición, según el acuerdo gubernativo 340-2013, publicado en el Diario de Centro América, se realizará bajo la responsabilidad de la Dirección General de la PNC, institución que deberá obtener 17.146 armas cortas, 100 fusiles y 100 subametralladoras, por el método de excepción, esto a pesar de las declaraciones del presidente Otto Pérez Molina, al indicar: «Yo asumo la responsabilidad de que el Gabinete firme el acuerdo que permite la compra por excepción. La seguridad de los guatemaltecos no puede esperar más”.
El plazo para realizar la contratación finalizará el 31 de diciembre de 2013; según el acuerdo, la Contraloría General de Cuentas fiscalizará todas las actuaciones derivadas de las negociaciones y operaciones que se realicen bajo este acuerdo.