El hecho de que la nueva concepción de la seguridad en el continente americano se inscriba en el marco de la seguridad humana hace que los vínculos entre gobernabilidad y seguridad se hagan evidentes. De hecho, los imperativos de la seguridad humana son de sobremanera similares a aquellos de la gobernabilidad democrática. Tanto si consideramos a la gobernabilidad democrática en su faz técnica y de eficacia, es decir, como productos (bienes públicos) que el Estado debe proporcionar, como si la consideramos desde su faz política, es decir en tanto que proceso (la particular dinámica de relacionamiento democrático entre gobernantes y gobernados y de estos últimos entre sí), es muy claro que existe plena coincidencia con las prescripciones de la seguridad humana. Para entender esto basta remitirnos a lo expresado en la Declaración sobre Seguridad en las Américas al referirse a la dimensión humana de la seguridad.
En la caracterización que de la seguridad humana hace la Declaración sobre Seguridad en las Américas, es posible hallar un paralelo con los imperativos de la gobernabilidad democrática, tanto en su dimensión técnica como en su dimensión política. Cuando en la Declaración se afirma que «las condiciones de la seguridad humana mejoran mediante el pleno respeto de la dignidad, los derechos humanos y las libertades fundamentales de las personas…» esto no hace sino reflejar algunos de los más importantes imperativos que hacen a la gobernabilidad democrática en su faz política, o sea en tanto que dinámica de relacionamiento al interior de las democracias. La Declaración continúa afirmando que «las condiciones de la seguridad humana mejoran mediante la promoción del desarrollo económico y social, la inclusión social, la educación y la lucha contra la pobreza, las enfermedades y el hambre», los cuales no son sino algunos de los bienes públicos más fundamentales y primordiales que se esperan como fruto de la gobernabilidad democrática en tanto que capacidad del Estado para satisfacer las demandas y expectativas de la población.
Por otra parte, se debe tener en cuenta que la seguridad, aun entendida desde una concepción más estrecha, es tal vez el primer bien público que el Estado debe proveer a sus ciudadanos. Proveer seguridad a la población es una función ineludible de cualquier estado e inclusive desde algunas concepciones minimalistas del Estado ésta es una de sus pocas razones de ser. Por lo tanto, si consideramos que la gobernabilidad democrática depende en buena parte de la capacidad del Estado para cumplir eficazmente con sus responsabilidades y satisfacer las expectativas de la población, es claro que un estado incapaz de brindar tan luego seguridad a sus habitantes estará próximo a afrontar una seria crisis de gobernabilidad.
Otro ámbito fundamental de vinculación entre gobernabilidad y seguridad está dado por las modalidades, políticas e instituciones a través de las cuales el estado persigue la seguridad. En el pasado en Latinoamérica, en numerosas ocasiones los gobiernos han buscado sustentar tanto la gobernabilidad en general (gobernabilidad a secas, a diferencia de la gobernabilidad democrática) como la seguridad en particular apoyándose en políticas y doctrinas de seguridad que en ningún modo comulgaban con los valores y procedimientos que inspiran a la gobernabilidad democrática. En ese sentido, en su búsqueda por brindar seguridad a sus ciudadanos los gobiernos deben atenerse a modelos y políticas de seguridad que estén en plena coherencia con las pautas de relacionamiento político y social que impone una sana gobernabilidad democrática.
Otro punto de contacto importante entre la gobernabilidad democrática y la seguridad en el hemisferio tiene que ver con la necesidad de involucrar a la sociedad civil en la elaboración de las políticas y estrategias de seguridad. Una de las formas en que la gobernabilidad democrática se ve particularmente fortalecida es mediante la participación de la sociedad civil en el diálogo y las decisiones políticas. Con más razón hace al fortalecimiento de la gobernabilidad democrática la inclusión de una temática tan particular como la seguridad en la agenda de la sociedad civil.
(continuará)