Los rumores de golpe de Estado han sido siempre el instrumento de oficiales del Ejército, de alta o de baja, para intentar poner coto a las políticas del gobierno. El objetivo no es dar el golpe, para el cual no cuentan con la luz verde de la Embajada estadounidense, sino amedrentar a las autoridades civiles, para que cesen algunas acciones, particularmente si afectan el poder real, militar y económico, o la impunidad, por crímenes o corrupción.
Desde la transición a gobierno civil en 1986, mediante los «oficiales de la Montaña», al principio, y voceros escogidos, después, se ha tratado de cerrar filas en las fuerzas militares para impedir que el gobierno de turno avance mínimamente. Es dentro de este marco que recientemente circuló un documento con el logo de Avemilgua y calzado con la firma de dos ex generales contrainsurgentes, Miranda y Quilo, que pide al Ejército que derroque y lleve a prisión al presidente Colom y al vicepresidente Espada. «Respetuosos de la Constitución» piden que el Congreso nombre al Presidente y que se convoque a una Asamblea Constituyente. El llamado es no solamente a dar un golpe de Estado sino que a romper el orden constitucional, lo cual constituye traición a la Patria.
Diversos sectores han reaccionado de manera distinta. Desde la indiferencia de la mayoría de la población que, pese a que no ve cambios sustanciales en el desempeño del gobierno de Colom, considera que los oficiales tienen que ser apolíticos y que deberían desaparecer como casta, tal cual ocurrió con los Samurai, en Japón, hasta quienes ven con angustia que puedan tomar el poder los responsables del genocidio y tierra arrasada de años recientes. Creo que ambas posiciones extremas desconocen la realidad presente. En la misma medida en que no hay espacio para otro conflicto armado interno, tampoco hay espacio para que los militares asuman el poder directo. Pese a la ola de gobiernos de izquierda en América Latina, entre los cuales no está el de Colom, a Estados Unidos no le interesa afectar los procesos democráticos.
Tampoco es buena consejera la indiferencia, porque en materia del Ejército los Acuerdos de Paz no se han cumplido adecuadamente. Hay que hacer la reforma constitucional que elimine el último rescoldo de Doctrina de Seguridad Nacional; hay que colocar a un civil, y no un militar retirado, como Ministro de Defensa; hay que cambiar en la realidad la doctrina militar; hay que lograr la eficiencia militar en la protección de las fronteras y aguas nacionales, sin participación alguna del Ejercito en seguridad interna; y hay que desmilitarizar el Estado y la sociedad.
El gobierno de Colom tampoco puede permanecer indiferente. Debe expulsar a todos los oficiales que la CICIG correctamente señale y hacer otros cambios de fondo. En esta coyuntura, debe iniciar proceso por traición a la Patria contra los ex Generales Miranda y Quilo. Ellos aclararán qué es lo que realmente piensan. De igual manera, Avemilgua debe aclarar públicamente y por escrito, desvinculándose de lo que ahora llama «documento apócrifo». Colom debe demostrar que hay entereza y vigor en su gobierno, que el documento le niega. Es el momento de afirmar la supeditación del ejército al poder civil.