Tras nueve días de estar refugiado en la Embajada Hondureña en Guatemala, Alejandro Giammattei se entregó a la justicia guatemalteca y fue trasladado al Juzgado de Alto Impacto en la Torre de Tribunales, en donde se le informará de la sindicación que se le hace por ejecuciones extrajudiciales.
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Desde la mañana, en las afueras de Embajada de Honduras, unas 25 personas arribaron para mostrar su apoyo al ex director de Presidios. A la expectativa se encuentran familiares, simpatizantes, medios de comunicación nacional e internacional, así como delegados de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), a quienes no les han permitido el acceso a las instalaciones de esa sede diplomática.
Cuando faltaban algunos minutos para las dos de la tarde, una comitiva de las fuerzas de seguridad salió de la Embajada de Honduras en Guatemala, custodiando a Alejandro Giammattei, ex director del Sistema Penitenciario, sindicado de haber participado en las supuestas ejecuciones extrajudiciales contra siete reos en la granja penal Pavón, en septiembre de 2007.
ENTREGA ANUNCIADA
Enrique Ortez Colindres, ex canciller hondureño y representante de Giammattei, lo estaba asesorando para intentar impedir su captura. Había interpuesto un nuevo recurso legal ante la justicia hondureña.
Sin embargo, al mediodía, dos agentes policiales ingresaron a la Embajada Hondureña, por lo que Ortez Colindres recibió la llamada de Giammattei, informándole sobre este hecho, catalogando la acción como que lo habían entregado a la justicia.
Ortez Colindres había anunciado, en declaraciones a el matutino El Heraldo de Honduras, que Giammattei se entregaría a la justicia a las 13:00 horas de Guatemala. Sin embargo, este hecho se truncó por el ingreso a las 12:00 horas de los agentes policiales.
Media hora después del ingreso de los agentes policiales, hizo su ingreso Paul Richard Gallagher, nuncio apostólico en Guatemala, quien fungiría como mediador para una negociación entre las autoridades guatemaltecas y Giammattei.
Más tarde, como a las 13:30 horas, ingresaron más autoridades del gobierno de Guatemala, aparentemente para concluir la negociación de su entrega. Giammattei firmó un acta en la Embajada de Honduras, consignando el hecho, y posteriormente aceptó ser trasladado por las fuerzas de seguridad de Guatemala.
Ortez Colindres consideró que el recurso legal interpuesto ante Honduras, para evitar la captura de Giammattei, está justificada por considerar que su representado peligraba de muerte si era entregado a la justicia guatemalteca.
«Si lo entregan a la Policía, a ese hombre lo van a matar, indicó Ortez Colindres, quien dice que aunque el gobierno de Honduras haya negado la solicitud de asilo, la Constitución de la República indica que en ningún caso se expulsará al asilado político al terriotorio que lo persigue», dijo a El Heraldo.
El acta firmada por Giammattei podría haber consignado el hecho de que estaba recibiendo amenazas de muerte durante 45 días atrás, previo a su ingreso a buscar asilo en la Embajada Hondureña.
Por su parte, Carlos López, asesor legal de la Embajada hondureña, en declaraciones en Emisoras Unidas, informó Giammattei aceptó entregarse a las autoridades de Guatemala, tras la denegatoria de la Embajada para que permanezca en esas instalaciones, y que en ningún momento lo han entregado.
Cuando faltaban diez minutos para las 14:00, salió en una camionetilla blindada, custodiada por radiopatrullas de la Policía Nacional Civil (PNC). Al menos 25 minutos -debido al tráfico del mediodía- tardó en llegar la comitiva, y actualmente está esperando a que los miembros del juzgado, así como la parte acusadora a que llegaran al Juzgado de Alto Impacto, donde se le informará el motivo de su captura.
Giammattei es requerido por la justicia guatemalteca para responder por su presunta participación en siete supuestas ejecuciones extrajudiciales perpetradas en la granja penal Pavón, en septiembre de 2006, cuando fungía como director del Sistema Penitenciario.
En las pasadas elecciones, en el 2007, participó como el candidato oficial por la Gran Alianza Nacional (Gana) para la Presidencia, quedando en el tercer lugar de la primera vuelta.
Carlos Menocal, ministro de Gobernación, ofreció declaraciones a la radio oficial, TGW, y refirió que, si el juzgado decide su prisión preventiva, será trasladado al módulo de detención en la base militar Mariscal Zavala, para proteger su vida.
HASTA EL MARTES
Giammattei, al ingresar al Juzgado de Alto Impacto, informó que no tiene un abogado de su confianza, por lo que se suspendió su primera declaración. Se ordenó que la lectura de su acusación, así como su primera declaración, se realizará hasta el martes 17 de agosto.
El Organismo Judicial no laborará el lunes 16 de agosto, debido al feriado en la ciudad capital del 15. Se espera que para el martes, Giammattei tenga un abogado de su confianza.
Se prevé su traslado al cuartel militar Mariscal Zavala, donde esperará hasta que el Juzgado decida si lo liga a proceso y si ordena la prisión preventiva.
EN HUELGA DE HAMBRE
Giammattei, a su salida del Juzgado y previo a ser trasladado al Mariscal Zavala, indicó que desde hoy se declara en huelga de hambre, a fin de provocar a las autoridades de justicia y persecución penal a garantizarle un proceso justo.
Asimismo, indicó que, previo a entregarse voluntariamente, había presentado un recurso de amparo ante la Corte Suprema de Justicia de Honduras, para evidenciar que hubo una violación de la Constitución de ese país, en el postulado que prohíbe expulsar a una persona que haya solicitado asilo político.
Además, responsabilizó al gobierno de Guatemala y de Honduras por cualquier daño que pudiera ocurrirle a su esposa y a sus hijos.
Criticó a lo que considera un proceso ilegal, y que, según su análisis legal, se ha violado las convenciones de La Habana y Montevideo, y se autonombró como un preso político que sufre persecución.
RECHAZO
Honduras rechazó hace dos días la solicitud de Giammattei de recibir asilo político; el país vecino consideró que era perseguido por un delito común, y no por un delito político, lo cual impedía brindarle lo requerido.
Ortez Colindres citó un artículo de la Constitución hondureña, el cual impide que cualquier persona pueda ser expulsada de una sede diplomática, a pesar de haberle denegado el acceso. Sin embargo, fuentes hondureñas indican que no lo han entregado ni expulsado, y que sólo hubo una invitación para abandonar la sede.