Alejandro Giammattei, ex director del Sistema Penitenciario (SP) durante el gobierno pasado, se abstuvo de declarar ante la jueza contralora de los casos Pavón e Infiernito referentes a las ejecuciones extrajudiciales de diez reos.

Carol Patricia Flores, jueza Primera de Procesos de mayor riesgo; lo ligó a proceso por los delitos de ejecución extrajudicial y asociaciones ilí­citas y lo envió a prisión preventiva. Además, ordenó al Ministerio Público remitir una copia del proceso al sindicado.

El también ex candidato presidencial insistió en que el proceso en su contra obedece a una «persecución polí­tica» y refirió que su captura fue ordenada «desde Casa Presidencial», no obstante no señaló ningún nombre.

«Tomé la decisión de no declarar porque no he tenido acceso a los medios de los cargos que se me imputan, a todas luces cargos basados en testimonios viciados los cuales vamos a demostrar, si hay debido proceso», fueron las primeras palabras de Giammattei al salir de la audiencia.

El ex director del SP añadió: «Sigo insistiendo en que esto es una persecución polí­tica que viene por directrices de quien manda en este paí­s, que no precisamente es el Presidente y viene de allí­, de Casa Presidencial esta persecución polí­tica de la que estoy siendo objeto».

Al preguntarle por los nombres de quiénes según él lo persiguen polí­ticamente respondió: «Ya vamos a ir poco a poco, esto es una telenovela que han armado que hay que ir viendo capí­tulo por capí­tulo».

Rossana De Giammattei, esposa del ex candidato presidencial, convocó a una manifestación para el próximo domingo a las diez de la mañana, la cual saldrá desde el Obelisco hacia la sede de la Corte Suprema de Justicia.

«Vamos a pedir justicia. Yo le pido a las esposas, a la juventud de la que tanto necesitamos, a esta nueva generación que me apoyen en esta marcha para exigir justicia», declaró la esposa de Giammattei, y añadió que quienes asistan deben hacerlo de blanco.

Giammattei se entregó el viernes último a la justicia luego de pasar nueve dí­as en la Embajada de Honduras, donde le denegaron el asilo polí­tico que solicitó.

El ex candidato presidencial está sindicado de haber participado en los operativos Pavo Real y Gavilán, en los cuales las fuerzas policiales que operaban durante el gobierno de í“scar Berger ejecutaron a por lo menos diez reos. Por este caso también están vinculados otros ex funcionarios de esa gestión.