La captura ayer de un dirigente sindical, ejecutada con toda diligencia y prontitud, ha sido contrastada por mucha gente con la incapacidad de las fuerzas de seguridad para dar con el paradero de los banqueros sobre los que pesa orden de captura desde hace mucho tiempo y parecen haberse esfumado. No quiero prejuzgar sobre la culpabilidad o inocencia ni del señor Nery Barrios ni de los socios de los dos bancos que se encuentran prófugos de la justicia, pero es importante señalar que la percepción que genera el gesto viene a confirmar esa creencia generalizada de que hay raseros distintos y que a un sindicalista le cae rápida y eficientemente el peso de la ley, mientras que a un banquero se le otorga trato especial y preferente.

Creo que si existen dudas sobre el comportamiento de Barrios y el manejo que hizo del dinero destinado al resarcimiento de varias familias, procede que la justicia funcione para deducir eventuales responsabilidades. Jamás pensarí­a que alguien por el hecho de ser dirigente sindical deba librarse de señalamientos concretos en su contra, pero no deja de ser una paradoja en nuestro paí­s que sigamos aplicando la justicia con ese criterio tan selectivo, tan propicio para generar la percepción de que se persigue con mayor énfasis a quien es adversario polí­tico o ha hecho denuncias molestas. Obviamente si de juzgar se trata, es importante impedir que alguien se pueda beneficiar ilí­citamente con dinero destinado a compensar perjuicio a varias familias, pero igual o más importante tendrí­a que ser el determinar el nivel de responsabilidad que puedan tener quienes dirigieron bancos y provocaron pérdidas multimillonarias al Estado que debió asumir el pago de los depósitos esfumados, más el daño irreparable para aquellos que habí­an depositado sus capitales en bancos y financieras que operaban sin supervisión bajo las barbas de la Superintendencia de Bancos.

Dentro del ánimo de creer en la justicia y privilegiar su acción para sancionar a los delincuentes, tenemos que decir que la captura de Nery Barrios procede en el marco de la ley y que el dirigente sindical tendrá que ejercitar su derecho de defensa en los tribunales para desvanecer las acusaciones en su contra. Pero no deja de ser un contrasentido que nuestro aparato de justicia actúe con tanta celeridad para perseguir a un sindicalista que aparece en cuanta protesta hay contra el Gobierno, pero no se mueva ni siquiera por pura inercia cuando se trata de la acción penal iniciada para establecer el grado de responsabilidad de los banqueros que llevaron a la quiebra a sus instituciones y que se esfumaron con todo y millones que no les pertenecí­an sino que eran el patrimonio de decenas de miles de usuarios afectados por el delictivo manejo que se hizo de instituciones financieras.

Ojalá Juan Luis Florido se dé cuenta de la percepción generada por el gesto de capturar a Nery Barrios y ordene a los fiscales que tienen a su cargo los casos de los bancos que se pongan las pilas para no dejar esa sensación de que nuestra justicia sigue siendo manoseada por criterios perversos.