Somos siempre dados a criticar y a descalificar, pero rara vez reconocemos el mérito de quienes actúan con diligencia en el cumplimiento de sus obligaciones. Una de las figuras públicas menos comprendidas, porque en el país hay un error conceptual respecto a su trabajo, es el Procurador de los Derechos Humanos, acusado generalmente como defensor de delincuentes porque su función es asegurar que el Estado no cometa abusos contra nadie, ni siquiera contra los que infringen la ley.
Pero al margen de esa incomprensión sobre el tema puntual de los Derechos Humanos, producto de la desinformación provocada por los gobiernos que tuvieron parte en la represión violenta, hay que decir que la iniciativa del Procurador para lograr un amparo que prohibiera la fabricación y venta de silbadores y cachinflines ha sido un extraordinario aporte a la seguridad ciudadana porque se trata de uno de los más peligrosos artefactos contra los que hemos estado pronunciándonos en La Hora.
Si la función del Procurador de los Derechos Humanos es asegurar que el Estado cumpla con garantizar a los ciudadanos la vida, la presentación de este amparo es una prueba de que está cumpliendo con su deber. Porque debió ser el mismo Estado el que, por propia iniciativa, decidiera proscribir ese tipo de explosivos pero la indiferencia manifiesta de todas las autoridades competentes hizo que fuera la Corte Suprema de Justicia la que, a instancias del PDH, tomara la decisión final.
Este precedente, que surge de un amparo provisional, tiene que servir para que el Estado tome cartas en el asunto y el Ejecutivo decida ordenar conforme a sus facultades la fabricación y el comercio de esos productos. Hay que recordar que ya antes se decidió prohibir la fabricación y venta de saltapericos debido a la cantidad de niños que se envenenaron con ellos, lo que justificó la medida. Ahora, teniendo la certeza de que los silbadores constituyen un riesgo extraordinario, mayor inclusive al de los molestos cohetillos, era necesario ese primer paso que nos permite suponer que habrá una reducción importante del riesgo.
Pero insistimos en que es necesaria una regulación amplia y completa de todo el tema vinculado con los artefactos explosivos. No puede ser que se siga dando de manera tan libre y arbitraria la importación, reventa y manipulación de pólvora en el país. La explosión de coheterías es el otro gran problema que afecta a familias enteras porque sin supervisión ni medidas de seguridad se manipula un producto sumamente peligroso.
Ojalá la iglesia católica diera el ejemplo suprimiendo de sus celebraciones las bombas que en horas de la madrugada se lanzan para anunciar el festejo, causando molestias a barrios enteros. Por de pronto, reiteramos nuestro reconocimiento al trabajo bien hecho del PDH.