El gigante constructor de autos General Motors (GM) se acogió a la ley de quiebras hoy en Nueva York, en un plan para emprender una draconiana reestructuración con fuerte asistencia financiera del Estado.
La empresa constructora de autos, símbolo del poderío industrial estadounidense, se acogió a la ley de quiebras bajo el capítulo 11 en el Distrito del Sur de Nueva York, anunció el tribunal.
Este epílogo era esperado al finalizar una desesperada tentativa de GM por recomponer sus finanzas. El grupo contaba con dos meses desde fines de marzo para probar que era viable, pero la crisis agravó sus dificultades de tal forma que el pedido de bancarrota se impuso como la única salida posible.
«Hoy será un día histórico para la empresa: el fin de la ex General Motors y el comienzo de una nueva», señaló la administración del gobierno del presidente Barack Obama en un comunicado.
El gobierno se fijó como objetivo sacar a la «nueva GM» del procedimiento judicial de quiebra en un plazo de entre 60 y 90 días, o sea el doble o el triple de lo que le demandó a su «pequeño» competidor Chrysler, que podría salir este lunes del proceso de bancarrota que solicitó el 30 de abril pasado.
La hoja de ruta de la nueva GM fue hecha pública por partes en los últimos días y el plan presentado por el gobierno del presidente Obama a través de una conferencia telefónica no comporta ninguna sorpresa.
Una nueva empresa será creada para retomar los activos más rentables del grupo. El Estado federal estadounidense aportará 30.100 millones de dólares y controlará el 60% de su capital. El Estado canadiense y la provincia de Ontario, donde GM posee numerosas fábricas, desembolsarán 9.500 millones de dólares y obtendrán el 12% del capital.
El fondo de gestión sindical encargado de financiar la cobertura médica de los jubilados manejará el 17,5%.
Otro 10% quedará en manos de los poseedores de obligaciones, que el sábado pasado aceptaron una oferta gubernamental.
Los actuales accionistas de la empresa perderán sus inversiones.
GM confirmó que cerrará once fábricas y que pondrá otras tres en paro técnico. La firma pasará de contar con 62.000 obreros sindicalizados en 2008 en Estados Unidos a 38.000 en 2011.
«Esperamos ver una GM con un balance donde el endeudamiento será mucho menos pesado, y capaz de ser competitiva», dijo un alto responsable del gobierno, que solicitó no ser identificado.
El objetivo es reducir el peso muerto del grupo para que pueda ser rentable con un mercado estadounidense de 10 millones de automóviles por año, mientras que perdía dinero con un mercado de 16 millones de unidades antes de comenzar su reestructuración.
GM vendió 2,98 millones de vehículos en Estados Unidos en 2008, con una participación de 22% en el mercado.
Si bien GM se encuentra nacionalizada, Washington no se va a inmiscuir en el manejo de sus negocios.
«El control por el Estado no es lo que buscábamos ni lo que deseábamos. Es una salida obligada por el proceso de reestructuración», explicó el alto responsable gubernamental.
Precisó además que aún «es muy prematuro» determinar si el Estado recuperará todo o parte de los 20.600 millones de dólares desembolsados entre diciembre y abril para mantener al grupo con vida.
La Casa Blanca anunció que el presidente Obama pronunciará un discurso televisado el lunes a las 15H55 GMT, donde expondrá sobre la reestructuración de la industria automotriz.
Apodada con sorna «Government Motors», la nueva empresa que emergerá de la quiebra de General Motors pertenecerá en un 72% al Estado, pero este accionista principal dejará al constructor definir su política comercial, según prevén expertos del sector.
«Lo más difícil para el Estado será dejar la administración de la vida cotidiana de la empresa en manos de la dirección del grupo», observó Jeremy Anwyl, del centro de investigación especializada Edmunds.com.
«Será grande la tentación de influir en la elección de productos por consideraciones políticas y no comerciales», explicó.
El gobierno del presidente Barack Obama, que junto con su par canadiense quedará con el 72% de las acciones de la nueva GM, prometió deshacerse de sus acciones lo antes posible, siempre que el fabricante se torne rentable.
El Tesoro estadounidense, que podría invertir en total cerca de 60.000 millones de dólares en el fabricante para asegurar su supervivencia, espera recuperar la inversión en cinco años, informó el sábado el Washington Post.
El plan de reestructuración puede tener éxito siempre que Washington se concentre en tres cosas: restablecer la rentabilidad del grupo, recuperar el dinero de los contribuyentes y deshacerse de las acciones, opinó el experto David Cole, del Center for Automotive Research.
Aún si los altos funcionarios son «inteligentes y de buena voluntad, no pueden comprender los meandros del tema (del sector automotor) en un tiempo limitado», subrayó.
Por lo tanto, es «casi inevitable que el Estado busque imponer otras prioridades» al fabricante, tales como la construcción de vehículos «apropiados», a fin de atender las preocupaciones ecológicas del gobierno.
Pero las necesidades de los consumidores cambian deprisa y con la baja del precio de la gasolina la demanda de pequeños vehículos poco voraces ha disminuido, recuerda Anwyl.
Y las exigencias del gobierno en materia de eficiencia energética podrían retrasar el retorno a la rentabilidad del gigante de Detroit, advirtió el analista.
Para GM, la prioridad debe ser «alinear los productos que pueden competir con Toyota, Nissan y el resto del mundo», estima Peter Cohan, consultor del Babson College, en referencia a los fabricantes japoneses que han asumido un lugar preponderarante en el mercado estadounidense.
«Espero que el Estado no obligue a GM a fabricar modelos híbridos (motores a gasolina y electricidad) sólo por principios, sino porque sea una buena estrategia comercial», advirtió.
«Lo que GM necesita es concebir y producir un vehículo que dure más que un Toyota, con menores gastos de mantenimiento», dijo Cohan.
En el país de la libre competencia, la estatización de hecho del ex número uno mundial ya está haciendo olas.
«Todo el mundo está paralizado por la perspectiva de una dirección estatal» de GM, comentó John Pottow, especialista en derecho de quiebras de la Universidad de Michigan. «Pero yo le creo al gobierno cuando dice que se ha tornado accionista (de la empresa) por la fuerza de los hechos», afirma.
El vicepresidente de GM, Robert Lutz comparte este análisis. «El objetivo del Estado no es asumir la dirección de la industria automotriz», aseguró. «El gobierno simplemente constató que el país no puede mantenerse poderoso económica y militarmente si no está sostenido por industrias que creen riqueza», explicó.