Durante los precedentes cuatro meses, a lo sumo, se ha registrado un desmesurado e incontrolable incremento de precios del gas licuado, ante la pasividad, indiferencia o complicidad de autoridades gubernamentales llamadas a ejercer, por lo menos, un superficial y simulado control sobre el oligopolio que ha impuesto su voluntad en Guatemala desde hace décadas, con el consiguiente detrimento del raquítico presupuesto hogareño de cientos de miles de familias de la clase popular, aunque también afecta a los estratos de ingresos medianos, pero no le quita el sueño a los más pudientes.
Al respecto, un día de éstos, cuando me encontraba conversando en una cafetería con amigos y estando encendido el aparato receptor de televisión, escuché en el informativo la ininteligible perorata de la titular de la Dirección de Atención y Asistencia (¡¿?!) al Consumidor (DIACO), cuyo nombre no sé y no me importa porque es irrelevante, después de que esa misma persona ya ocupó con anterioridad el mismo cargo, con menos pena que vergüenza, y sólo llegué a entender que procuraba a hilvanar frases reiterativas para intentar justificar el aumento de precios de ese combustible de uso doméstico, en vez de salir en aparente e infructuosa defensa de los intereses de las amas de casa.
Según rudimentarias investigaciones que realicé en forma empírica, por medio de consultas a unas cinco señoras, a mediados o finales de octubre del año anterior, el precio de la libra era de Q2.40, de suerte que el cilindro de 25 libras, que es el que más consumen las familias menos afortunadas, costaba Q60. En las semanas y meses subsiguientes las tres empresas mexicanas importadoras y distribuidoras de ese producto elevaron al unísono sus tarifas a Q3.40 y Q3.60 la libra, de manera que el tambo de 25 libras registró alzas a Q85 y Q90, mientras que el aumento de hace pocos días fue a Q3.96, equivalente a Q99 el cilindro de 25 libras.
De acuerdo con la versión de propietarios de expendios de gas, esos incrementos no tienen relación con los precios internacionales del crudo, como pretendía argumentar la encargada de la DIACO; o, en todo caso, no debería reflejarse de un día para otro; sino que se deriva de las rivalidades y reconciliaciones entre los hermanos Miguel Zaragoza y Tomás Zaragoza, propietarios de las empresas Zeta Gas y Tomsa (Tropigás), y en menor escala otro hermano dueño de la importadora Digás, puesto que suele ocurrir que por disputarse el mercado, eventualmente venden el gas a precios menores o concediendo ofertas, como cupones a las consumidoras; pero para que esas empresas no salgan perjudicadas, no expenden facturas a familias de la clase popular, para evadir el IVA, aunque luego se pondrían de acuerdo para aumentar los precios uniformemente .
Además, el peso de los cilindros es menor que el que fija el Ministerio de Energía y Minas. A un tambo de 25 libras le rebajarían hasta 4 libras en las plantas de distribución, y los consumidores que se percatan de esa anomalía, por no decir estafa o fraude, inculpan a los dueños de expendios, que no tienen responsabilidad alguna porque no pueden extraer gas de los cilindros, fuera de que no les sería de utilidad.
Similares maniobras ocurriría con los precios y pesos de envases de gas licuado de 20, 35, 40 y 100 libras, aunque a mayor volumen es superior la ganancia de las empresas.
Y el Gobierno ¡sin darse por enterado!
(A la par de un expendio de gas, Romualdo Tishudo miró en una paca este anuncio: “Lentes para leer muy güenos con haumento para ver megor”).