El acuerdo que el presidente Evo Morales alcanzó con las petroleras por el control del gas en Bolivia fue unánimemente alabado, incluso por una oposición que sin embargo le pone una fuerte presión en otros temas calientes: la reforma agraria y la Asamblea Constituyente.
El presidente Morales tiene posiciones sobre reforma agraria y el control de la Asamblea Constituyente que la oposición considera radicales, y por eso esta semana ha recrudecido sus críticas al gobernante, con huelgas de hambre y amenazas de paros y de desabastecimiento.
Eso sí, en el tema de los hidrocarburos, la oposición se unió al regocijo generalizado por la firma a final de octubre de contratos que garantizan mejores entradas para Bolivia.
En la oposición, el ex presidente de derecha Jorge Quiroga y el gobernador de la provincia de Santa Cruz, Rubén Costas, aprobaron la firma de los 44 contratos entre el gobierno de Morales y las compañías petroleras.
Luego de diez meses de Morales en el poder, «la oposición política aparece muy fragmentada», estimó el analista Antonio Chazal, quien considera que ésta se limita a reaccionar a las decisiones del poder sin proponer ni anticipar.
La verdadera oposición se desplazó entonces hacia las regiones como la oriental Santa Cruz -capital económica del país- y otras zonas prósperas como Tarija en el sur o Pando y Beni en el norte, pero sus reivindicaciones se tiñen frecuentemente de separatismo, según el entorno del presidente Morales.
«Evo se encuentra en su mejor momento económico» con la firma de los nuevos contratos petroleros, afirmó en una entrevista el vicepresidente del Senado, el conservador Roger Pinto.
Este senador del opositor Podemos considera que es el vicepresidente ílvaro García Linera -actualmente de gira en Europa- quien mejora las relaciones con la oposición.
Ex guerrillero de extrema izquierda que pasó varios años en prisión, García Linera es percibido como la eminencia gris en el gobierno de Morales.
El gobernador Costas dice que «con el vicepresidente existe una relación fluida mientras que al presidente sólo lo vemos cuando nos convoca».
«La oposición es racional y constructiva», afirma Pinto subrayando que ésta «no irá a las calles a protestar o a quemar llantas».
Podemos criticar al gobierno por rodearse de consejeros cubanos y venezolanos pero igualmente de no haber sido capaz hasta ahora de realizar más del 30% de los proyectos de desarrollo definidos por el presupuesto del 2006. En el gobierno señalan que la cifra es de cerca al 50%.
Según Podemos, Morales, primer jefe de Estado indígena en la historia de Bolivia, aumenta el racismo en un país donde existen diferencias inmemoriales entre blancos y mestizos de las llanuras de Santa Cruz e indígenas aymaras y quechuas de los Andes.
Si el Movimiento Al Socialismo (MAS) de Morales parece dividido entre «indigenistas», extremistas de izquierda y pragmáticos, la oposición de derecha representada por el ex presidente Quiroga no ha concluido una alianza con los autonomistas de Santa Cruz.
El gobierno estuvo preocupado antes del final de octubre, según dijo una fuente próxima a la presidencia, puesto que antes del acuerdo con las petroleras las tensiones sociales eran fuertes y el presidente no había tenido un gran éxito.
Pero tras unas semanas de calma, en los últimos días la tensión vuelve a subir en torno de la reforma agraria y la Constituyente.
La redistribución de millones de hectáreas de tierra propuesta por Morales es resistida por una oposición -centralizada en Santa Cruz- que exige que en el proceso no haya expropiaciones.
En cuanto a la Asamblea Constitucional, que debe diseñar una nueva Carta Magna para el país, está bloqueada porque no hay acuerdo sobre si las decisiones deben ser aprobadas por 50% 1 de los votos como dice el MAS de Morales o dos tercios como exige la oposición.
«Para escribir una nueva Constituciones, se requiere un proceso de diálogo de concertación, de tranquilidad, y acá lo que hay son posiciones fundamentalistas tanto en la izquierda como en la derecha», deplora Costas.
Principal opositor al presidente socialista Evo Morales, el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, se describe como un moderado pero se muestra intransigente sobre la necesidad de que su departamento, el más poderoso económicamente en Bolivia, alcance su autonomía.
Esta rica región agrícola y gasífera (al igual que la sureña Tarija y las norteñas Beni y Pando), se opone fuertemente a las reformas que plantea Morales.
Primer indígena en llegar al poder en Bolivia, el país más pobre de Sudamérica, Morales, quien conserva su título de jefe sindical de los sembradores de coca, pregona una reforma agraria destinada a distribuir millones de hectáreas a los campesinos pero sobre todo un proyecto de Constitución favorable a las comunidades rurales más pobres de las montañas andinas.
Sombrero de paja, corto bigote y camisa de cuadros verde y blanca, Costas lidera desde hace cinco años un combate para que Santa Cruz se pueda dotar de un régimen autonómico que le dé una mayor independencia del gobierno central de La Paz.
A sus 50 años, este ganadero tranquilo no tiene nada de extremista y más bien parece medido con sus gestos lentos y por la serenidad que responde a las acusaciones que aparecieron en la prensa de que quería matar a Morales.
«Â¡Es una broma, una incoherencia. Nos hacen pasar por terroristas y conspiradores independentistas. Hacer un golpe de Estado en el siglo XXI es totalmente irracional!», dijo Costas en una entrevista en una gira del gobernador a Camiri, una ciudad de trabajadores del petróleo, 400 km al sur de Santa Cruz.
«Fue mi hijo de nueve años que me dijo cuando yo volvía a casa: ’Papá los medios dicen que quieres matar al presidente’», agregó.
«Fuimos al Palacio a pedir una explicación, y el presidente fue claro, me aseguró que en ningún momento se había referido a mi persona», pero que en ese momento los servicios de Inteligencia habían detectado «movimientos de desestabilización».
Primer gobernador elegido en Santa Cruz (en diciembre de 2005), Costas asegura rechazar «las posiciones fundamentalistas tanto de la izquierda obsoleta como de la derecha intransigente, que buscan una confrontación entre bolivianos».
Costas hace reproches a la reforma agraria que proponen las autoridades bolivianas porque «ellos quieren por razones electorales» redistribuir especialmente «tierras protegidas como los parques nacionales y las reservas forestales».
En cabeza de una administración regional de 500 personas, Costas se muestra muy crítico sobre el sistema de voto en la Asamblea Constituyente, que actualmente sesiona y está llamada a refundar a Bolivia.
«Nosotros no aceptamos la mayoría simple (que impuso el oficialismo); sin los dos tercios no habrá consenso», dice recordando que la ley que convocó a esta Asamblea, «clave para el futuro de Bolivia, debe ser respetada».
El Movimiento al Socialismo (MAS), partido gubernamental, tiene la mayoría simple pero no detenta los dos tercios.
Por el contrario Costas se muestra satisfecho por la firma a fines de octubre de nuevos contratos por parte del Estado con las multinacionales petroleras que operan en Bolivia, aun si «hubiéramos podido hacer esos acuerdos antes».
Mestizos o españoles de origen, los 1,5 millones de habitantes de Santa Cruz se sienten diferencia de los indígenas aymaras o quechuas, mayoritarios en el altiplano.
«Nosotros no vemos la tierra solamente para venerar a la Pachamama (la diosa madre de los indígenas de los Andes), nosotros vemos también a lo alto donde vemos el satélite o el desarrollo tecnológico», explica Carlos Dabdoub, ex presidente del Comité Pro-Santa Cruz, que agrupa a jefes de empresa, sindicalistas y personalidades que apoyan la autonomía.
«Lo sé, en Europa nos ven como a los sudafricanos en la época del apartheid cuando había millones de indígenas mantenidos en estado de esclavitud por un puñado de blancos», dice Dabdoub, quien sin embargo tiene claro que Santa Cruz no busca ser independiente de Bolivia sino solamente tener mayor autonomía para manejar sus recursos.