El juez español Baltasar Garzón imputó un delito de blanqueo de capitales y alzamiento de bienes a la viuda del ex dictador chileno Augusto Pinochet junto a otras personas, a las que impuso una fianza de 77 millones de dólares, indicaron hoy fuentes judiciales, confirmando una información de El País.
En un auto del 26 de octubre, el magistrado español daba 10 días a Lucía Hiriart, la viuda de Pinochet, fallecido en diciembre de 2006, así como a su abogado y albacea, Oscar Custodio Aitken Lavanchy y a dos antiguos responsables del Banco de Chile, Pablo Granifo Lavín y Hernán Donoso Lira, para satisfacer esta «fianza solidaria».
Granifo fue gerente general del Banco de Chile entre 2001 y 2005, mientras que Donoso desempeñó el cargo de gerente de la sucursal neoyorquina del mismo banco.
Banco de Chile y dos de sus filiales son consideradas «responsables civiles subsidiarias» por este presunto blanqueo de capitales de 77,3 millones de dólares, según el auto.
En caso de que no se produzca el pago, que busca «garantizar las responsabilidades pecuniarias a que hubiere lugar», el juez de la Audiencia Nacional (principal instancia penal española), procederá «al embargo y bloqueo de la cantidad mencionada y un tercio más (25,7 millones de dólares)», afirma el auto.
Según el diario El País de este lunes, «con este dinero el juez trata de resarcir a las víctimas españolas de la dictadura de Pinochet». Las fuentes judiciales no pudieron precisar si el pago se ha llevado a cabo o no.
La decisión del juez Garzón se produce a petición de la Fundación Española Presidente Allende, apoyado por el fiscal Vicente González Mota, que en julio pasado precisó su demanda contra los cuatro imputados en base a un informe de la Brigada investigadora de lavado de activos chilena.
El origen de esta demanda se sitúa en una ampliación de la querella interpuesta en octubre de 1998 contra el ex dictador Augusto Pinochet por genocidio, terrorismo y torturas, que daría lugar a su detención en Londres ese año.
El juez Garzón solicitó la extradición de Pinochet para ser juzgado en España, pero la justicia británica rechazó la solicitud por motivos de salud y el ex dictador regresó a su país en marzo de 2000.
La ampliación de la querella, que el juez decidió tratar como caso aparte, imputaba a los acusados un delito «blanqueo de capitales en conexión con un delito de alzamiento de bienes».
La querella también iba dirigida contra el ex dictador chileno, pero su fallecimiento ha dejado sin efecto la acusación.
En el marco de la querella contra la viuda de Pinochet y las otras tres personas, el magistrado ha decidido enviar una comisión rogatoria a Chile para interrogar a los imputados y, según el diario El País, prevé desplazarse él mismo al país sudamericano para participar en la toma de declaraciones.
El gobierno chileno por medio del Consejo de Defensa del Estado, ya inició en abril de 2009 unas actuaciones similares a la del juez Garzón contra sucursales de cuatro bancos en Miami por haber ocultado una parte de la fortuna del ex dictador, precisó El País.