Baltasar Garzón defendió hoy los pasos que dio en su fallida investigación de los crímenes de la guerra civil española y el franquismo, y recordó que actuaciones similares en casos como el del exdictador chileno Augusto Pinochet o el de Adolfo Scilingo sobre la dictadura militar en Argentina no le llevaron al banquillo de los acusados.
«No es una cuestión de ideologías», dijo Garzón a preguntas de su defensa. «Aquí había cientos y cientos de miles de víctimas que no habían sido atendidas en sus derechos».
En la apertura de la segunda sesión de la vista, los siete magistrados del Tribunal Supremo que juzgan a Garzón acordaron no estimar la nulidad del proceso que había solicitado la semana pasada la defensa del juez español, ejercida por el abogado Gonzalo Martínez-Fresneda.
De haberse aceptado dicha nulidad, que también apoyaba la fiscalía, hubiera quedado absuelto automáticamente.
Garzón testificó durante más de una hora, en la que repasó cada una de sus decisiones y defendió la aplicación de los principios de la justicia universal que le hicieron famoso en todo el mundo.
En su opinión, siempre actuó conforme a derecho, cuando aceptó numerosas denuncias referidas a las desapariciones de miles de personas del bando perdedor republicano durante el conflicto fratricida (1936-1939) y el posterior régimen de Francisco Franco (1939-1975).
«Había un plan preconcebido para la eliminación, detención y desaparición de personas. Miles de ellas siguen desaparecidas hasta el día de hoy», afirmó Garzón, quien enmarcó como crímenes contra la humanidad lo acontecido en España durante aquellos años y cifró en 114.000 el número de personas que permanecen desaparecidas o enterradas en fosas comunes.
El magistrado afirmó que durante 20 años en la Audiencia Nacional de Madrid, otras investigaciones similares como la de Pinochet o Argentina no le costaron un juicio como el actual, en el que está acusado de prevaricación —dictar a sabiendas una resolución injusta_.
«No hice otra cosa diferente (al caso Pinochet)», dijo.
Garzón inició la investigación del franquismo en 2006. En octubre del 2008 abrió sumario y un mes después acordó su inhibición, dejando el caso en manos de tribunales regionales la exhumación de fosas tras un conflicto de competencia.
En ese sentido, afirmó que no se extralimitó en sus atribuciones, tal y como sostiene la acusación, y que tampoco orilló conscientemente la Ley de Amnistía de 1977, aprobada para restañar las heridas del conflicto.
«Mantenía y mantengo que el delito de detención ilegal que se sustenta en el tiempo, la desaparición forzada de personas, en contexto de crímenes contra la humanidad, es un delito permanente, porque sus efectos permanecen en el tiempo», aseguró.
«No era necesario hacer referencia a la ley de Amnistía, porque los hechos se siguen cometiendo», agregó.
Antes de responder al ordenado cuestionario de su defensa, Garzón se negó a contestar a las preguntas de la acusación popular, que sostiene la organización ultraconservadora Manos Limpias, al considerar que «no está legitimada».
Tras el testimonio de Garzón, el juicio entra en una nueva fase. Hasta 22 testigos propuestos por la defensa del magistrado, en su mayoría víctimas del franquismo, intervendrán en las próximas sesiones del juicio para relatar al Tribunal los hechos que les tocaron vivir.
La estrategia de Manos Limpias es huir precisamente de este debate sobre la justicia universal y la guerra civil. Según Joaquín Ruiz Infante, que ejerce como abogado de la acusación, Garzón prevaricó al tomar decisiones haciendo caso omiso de una ley vigente.
El juez, de 56 años, fue suspendido de sus funciones en mayo de 2010 y encara una condena de 20 años de inhabilitación, que supondría el punto y final a su carrera en la magistratura.
Garzón fue juzgado la semana pasada, también por prevaricación, por su rol en el llamado caso «Gürtel», que destapó una trama de corrupción en la administración pública. Este juicio está pendiente de sentencia.