El gobierno estadounidense, que intenta conseguir la deportación de un ex ministro de Defensa salvadoreño que vive en la Florida, presentó ayer pruebas documentales y testimonios para demostrar que el militar tenía pleno conocimiento y participó de masacres y violaciones a derechos humanos en la nación centroamericana en los años 80.
En el segundo día del juicio de deportación de José Guillermo García Merino, el departamento de Seguridad Nacional llamó como testigo a un ex embajador de Estados Unidos en El Salvador y presentó una serie de pruebas para convencer al juez Michael Horn de que el ex militar tiene que ser repatriado a su país.
«Las pruebas demostrarán que en El Salvador había una dictadura que mantenía el statu quo con una campaña de represión… Al asumir como ministro de Defensa, el general García se convirtió en la persona más poderosa de El Salvador», expresó Loren Coy, abogado del gobierno.
Existía una «campaña sistemática de masacres, matanzas extrajudiciales… dirigida a la población civil», sostuvo el letrado al comienzo de una audiencia prolongada.
El gobierno busca la deportación del ex ministro por su papel en las torturas y ejecuciones cometidas en El Salvador entre 1979 y 1983, fundamentándose en una ley aprobada después de los ataques terroristas del 2001 que procura impedir que lleguen o que vivan en Estados Unidos violadores de derechos humanos.
Estados Unidos alega que el ministro participó en violaciones a los derechos humanos, ordenando, incitando y asistiendo en torturas y ejecuciones. Esta provisión legal sólo ha sido aplicada anteriormente en una ocasión: el proceso de deportación contra el también ex ministro de Defensa salvadoreño Carlos Eugenio Vides Casanova.
Pero la abogada de García, Alina Cruz, alegó que su cliente no participó de manera directa en esos asesinatos y violaciones a los derechos humanos.
«El no tuvo participación directa. No participó ni colaboró en ninguna tortura ni matanzas extrajudiciales», aseveró Cruz para refutar las acusaciones del departamento de Seguridad Interna. «Los perpetradores de esos actos eran miembros de las fuerzas armadas… El señor García no tenía bajo su control a esas fuerzas y no se va a encontrar ningún caso donde tenga participación o asistencia directa», sostuvo la letrada.
El gobierno busca la deportación del ex ministro por su papel en torturas y ejecuciones cometidas en El Salvador entre 1979 y 1983, fundamentándose en una ley aprobada después de los ataques terroristas del 2001 que procura impedir que lleguen o que vivan en Estados Unidos personas condenadas por violación de derechos humanos.
García, quien se desempeñó como ministro de Defensa de su país entre octubre de 1979 y abril de 1983, fue uno de los acusados en una demanda civil que terminó en el 2002 con una sentencia millonaria a favor de Juan Romagoza, Neris González y Carlos Mauricio, tres sobrevivientes de torturas.
El otro acusado era Vides Casanova, quien posteriormente debió enfrentar también un juicio de deportación en el que un juez ordenó en octubre del 2011 su repatriación a El Salvador. Vides Casanova apeló la sentencia del magistrado y aún espera la decisión de una corte.
García y Vides Casanova no pueden ser juzgados en su país debido a una ley de amnistía aprobada en 1993, que benefició a todos los militares que participaron en violaciones a los derechos humanos durante la guerra (1980-1992).
El juicio presidido por el juez Horn se extendería hasta el viernes, pero el magistrado podría tomarse más días para revelar su fallo. La defensa, además, podría también apelar la decisión de manera que es posible que la deportación de García no se resuelva en lo inmediato.
Sentado junto a su abogada y una ayudante de ella, García, de 79 años, llevaba auriculares para escuchar la traducción simultánea de la audiencia del inglés al español. Se mantuvo en silencio, salvo en una oportunidad que intentó decir algo mientras el ex embajador estadounidense en El Salvador Robert White declaraba, pero debió callarse por orden del juez.
White, uno de los tres testigos presentados por el gobierno, dijo que mientras se desempeñó como embajador en El Salvador, en 1980, se comunicaba «de una u otra manera» con García todas las semanas. «Me veía con él, con otros comandantes militares, y con Vides Casanova, con alguna frecuencia, dijo al ser interrogado por la otra abogada del gobierno Gina Garret Jackson.
A menos de dos metros de distancia de García, relató que en varias oportunidades se reunió con éste para hablarle sobre las violaciones a los derechos humanos, y no veía ninguna predisposición de su parte para que los militares cambiaran su forma de proceder.
«García era el más importante de los militares», expresó White cuando le preguntaron cuál era la posición del ex ministro con relación al resto de las fuerzas. «Ejercía el control del comando de las fuerzas armadas».
El ex embajador mencionó entre otros hechos una masacre de estudiantes del colegio secundario que fueron obligados a arrojarse al piso y acribillados a balazos por las fuerzas militares. Dijo que habló con García sobre eso y le dijo que era «un ejemplo de la brutalidad que había» en El Salvador. Pero el ex ministro no pidió una investigación sobre el caso, indicó.
Otro ejemplo de la violencia que mencionó fue la matanza de seis líderes del Frente Democrático Revolucionario, que tras salir de un encuentro en una escuela privada fueron asesinados a tiros.
«No hay posibilidad de que ese operativo haya sido realizado por nadie más que las fuerzas armadas», manifestó White, de 86 años, y dijo que tampoco ese crimen fue investigado por el gobierno salvadoreño.
«No había ninguna señal de ningún tipo de que los militares fueran a cambiar su comportamiento», expresó el ex embajador, que también se desempeñó en misiones diplomáticas de Honduras, Ecuador, Nicaragua, Colombia y Paraguay, entre otros países.
Dijo también que «ningún oficial (militar) fue despedido jamás por las matanzas».