La insostenibilidad de la política de drogas actual se hace cada día más evidente. Determinar los elementos que convergen en la dinámica de la narcoactividad así como sus efectos e influencia es necesario para el diseño de las alternativas más adecuadas para Guatemala en esa materia.

Las etapas de la narcoactividad son diversas al igual que el abordaje que debe contemplar una posible reforma para dar solución a cada una de ellas.

La mención de una potencial regulación de estupefacientes tiende a estremecer a buena parte de la población en cuanto se asume que el acceso alzaría los niveles de consumo. Sin embargo, el problema de la droga no radica necesariamente en la oferta. Mientras la demanda no sea erradicada, se producirán, traficarán y distribuirán las sustancias demandadas por los consumidores. Al igual que sucedió durante la vigencia de la Ley Seca en la que el mercado negro imperó sobre la ley que prohibía el consumo de bebidas alcohólicas, no fue la prohibición la medida que abstuviera a los consumidores de recurrir a los medios necesarios para obtener la ansiada sustancia.

Por esto, la regulación es una mejor opción que la prohibición. Si bien, el aumento potencial del consumo así como el consumo mismo son un riesgo de la regulación, la influencia del Estado sobre ello se incrementa al ser sustancias legales. En primer lugar, el ente regulador tiene la potestad para establecer las reglas del juego, definir dosis, formas adecuadas de consumo, estándares mínimos de seguridad, etc. Al mismo tiempo, se abre la posibilidad al Estado de llevar a cabo campañas educativas y de concientización como en el caso del cigarrillo y el alcohol.

Por otro lado, la cara más feroz de la narcoactividad en Guatemala no es el consumo. Se trata en realidad del tráfico de drogas y el establecimiento de redes del crimen organizado dedicado al trasiego de estas sustancias. Esta actividad se ha caracterizado por su naturaleza cruenta y los delitos conexos que emergen de la misma, entre ellos el tráfico de armas, trata de personas y quizá uno más peligroso: la infiltración en instituciones que sigue promoviendo acciones corruptas en detrimento del desarrollo del País. Esto requiere de intervenciones inmediatas que ayuden a mitigar y erradicar este flagelo.

Se debe reconocer que en la actualidad, a pesar del historial del presente gobierno de haber sacado a luz el tema de la búsqueda de alternativas para la política actual de drogas sin llevar a cabo acciones concretas, se empiezan a observar algunos avances en la materia.

El establecimiento de la Comisión Nacional para la Reforma de la Política de Drogas, convocada recientemente por el presidente Otto Pérez Molina y el diagnóstico de la situación de drogas en Guatemala son un avance importante en la transición de “palabras” a “obras”; asimismo, su declaración en el marco del WEF para Latinoamérica acerca de una posible sugerencia de esa Comisión para legalizar la marihuana y la amapola.

El desafío es ahora abordar el problema como un tema estratégico y no solamente como algo coyuntural. En esta línea debe comprenderse que los esfuerzos aislados de Guatemala implicarían resultados escasos. No obstante, aproximarnos a propuestas concretas convertidas en acciones es fundamental para insertarse dentro de una estrategia con un alcance, cuando menos, regional. El reto que esto implica, se abordará en el capítulo conclusivo de la presente serie.