Retomo el tema puntualizando en que la variedad de alternativas reguladoras de droga debe ser tan amplia como amplia es la escala de dureza de los estupefacientes y sus efectos que van desde los inofensivos y medicinales hasta los autodestructivos y los que conducen a la criminalidad.
Las que nos ocuparán de aquí en adelante son las drogas de abuso prohibidas por la ley, no por eso necesariamente menos nocivas que aquellas cuyo consumo ha sido aceptado (alcohol, nicotina, codeína, etc.)
A pesar de la prohibición a la que están sujetos los cultivos de marihuana y amapola, estos no han dejado de existir, siendo la inversión de recursos en la erradicación de los mismos tan costosa como escasos sus resultados. Cabe señalar aquí que si bien, Guatemala no es, aún, reconocido como un país productor, la detección de cultivos ilícitos y de laboratorios clandestinos nos da la pauta para concluir que se debe hacer algo al respecto de la forma que resulte más provechosa para el Estado.
Aunque repetidamente se ha planteado la necesidad de migrar de una política de drogas desde una aproximación de Seguridad Pública hacia una que se aborde desde la Salud Pública, se debe también orientar hacia fines económicos que aseguren la auto-sostenibilidad de un modelo que contemple la producción con calidad así como la diversificación de la misma (uso para investigación, elaboración de medicamentos, etc.), la distribución regulada (contemplando las dosis permitidas y generando una base de datos de consumidores), la minimización del daño ocasionado por el consumo pero sin dejar de lado exhaustivas campañas de prevención y educación en la materia.
La regulación de los cultivos ilícitos podría, entre otras cosas, representar la posibilidad de insertar en un marco económico formal, un modelo productivo sostenible para los campesinos, al mismo tiempo que implicaría la entrada de recursos adicionales para el Estado.
El reto para el Estado es complejo y la capacidad actual que tiene para poder fungir como un ente regulador no deja de ser cuestionable. Por esto, el fortalecimiento institucional y la creación de órganos especializados en la materia son fundamentales para el avance del tema.
La regulación de drogas si bien representa una respuesta alternativa a la actual, debe ir acompañada de una serie de medidas orientadas a la prevención, el tratamiento y la mitigación del daño ocasionado por el consumo.
Aunque es una falacia que el hecho de poder consumir estupefacientes dentro de la ley dispararía el número de consumidores, sería irresponsable por parte del Estado no adelantarse a través de la prevención a potenciales consumidores, enfatizando en los riesgos del uso de estupefacientes así como con el tratamiento obligatorio a los adictos. Por último y quizá como punto más controversial, cabría plantearse intervenciones para la mitigación del daño (como la distribución de agujas que coadyuvaría en minimizar la transmisión de enfermedades infecto-contagiosas como el VIH).
Más que un problema de la oferta, el consumo es un problema de demanda, por lo que se hace necesario orientar los esfuerzos hacia la disminución de esta, lo que será abordado en la tercera parte de esta serie.