A mis respetados lectores presento el artículo introductorio de una serie en la que pretendo abordar la problemática de la política de drogas, tratando de definir la racionalidad detrás del planteamiento de la necesidad de un cambio en la aproximación a este tema.
La prohibición es la política adoptada desde hace más de 40 años para combatir el uso de estupefacientes. Guatemala, al carecer de una política propia de drogas basada en nuestra propia data (que es además desconocida), y a pesar del evidente fracaso de la lucha frontal y el prohibicionismo, sigue adoptando esta medida, por lo que se encuentra en un punto determinante para replantearse la ruta a seguir para vencer el flagelo.
Reiteradamente se ha hablado en los últimos años acerca de la obsolescencia e inutilidad del prohibicionismo, sin embargo en la exposición de los argumentos que debiesen ayudar a construir el debate, se han dejado fuera elementos fundamentales que nos ayudarían a comprender el problema holísticamente.
Se debe enfatizar que sería infructuoso tratar de encontrar una panacea universal que resuelva los problemas de droga. Es necesario tomar en cuenta las características particulares que sitúan a cada país en determinada etapa de la dinámica de la narcoactividad, características que han de ser tomadas en cuenta en el momento de plantearse una posible solución.
Por la misma razón, argumentar a favor de la regulación de drogas en Guatemala tomando como punto de referencia experiencias exitosas tales como la holandesa o portuguesa es inválido, pues si bien se busca dar solución a una misma problemática, los problemas de uno y de otros son completamente distintos. Si bien este país no dista demasiado de transformarse en un país de consumo, el principal problema que nos ocupa es el tránsito de droga por lo que legalizar el consumo de marihuana (lo que no representaría un cambio sustancial, por no ser la sustancia más problemática en términos de narcotráfico), en centros regulados en los que el producto procede del tráfico prohibido, como en el caso de Holanda, no solucionaría absolutamente nada.
Igualmente errado es apelar a razonamientos de índole moral, religiosos o simplemente represivos para argumentar en contra de la regulación. Afirmar que legalizar incentivaría el consumo es cuestionar el libre albedrío individual y cerrar los ojos ante la realidad de que, en la actualidad, quien decida consumir, consumirá. Al respecto Araceli Manjón nos dice que prohibir “para que no haya drogados, sería tan eficaz como prohibir las cuerdas y el matarratas para que no haya suicidas. Si uno se quiere matar y no encuentra cuerdas, se busca un precipicio o se cuelga de un bejuco”.
Es esta precisamente la mayor deficiencia del prohibicionismo. Vetar legalmente el acceso a una sustancia no impide el acceso a la misma, solo implica la diversificación de formas para conseguirla y consumirla, así como la reducción de su calidad, agudizando los efectos adversos que el “problema de la droga” conlleva. La ley seca (1919-1932) ya constituyó un fallido ensayo prohibicionista con consecuencias irreversibles del que debe aprenderse.
Adoptar un debate serio e incentivar el diseño de propuestas concretas en este tema es impostergable. En Guatemala es necesario delinear un plan estratégico de corto, mediano y largo plazo que tome en cuenta sus particularidades, siendo estas precisamente el punto de partida para resolver el problema.
La pretensión de estas líneas y las que serán publicadas en las próximas semanas, es contribuir a un debate informado, cuyos argumentos estén fundamentados más allá de creencias personales. Es hora de involucrarnos y de exigir el cese de una guerra que ya ha dejado demasiadas secuelas.