Asociaciones pro Derechos Humanos han decidido renunciar al proceso de solución amistosa con el Estado en el caso de Fernando García, esto debido a que el Gobierno no da muestras de apertura como una posible «venganza» por las acciones de fiscalización que ha emprendido Nineth Montenegro.
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Según indica Mario Polanco, del Grupo de Apoyo Mutuo (GAM), esta medida se ha decidido en vista de que el Estado no evidencia el querer resolver el caso de la desaparición forzada de que fue objeto en 1984 el entonces esposo de la parlamentaria.
«Hemos estado negociando una solución amistosa con las autoridades de Gobierno y hemos podido ver que no hay mucha voluntad de parte del Gobierno de ílvaro Colom por resolver este caso», asegura.
La posible causa de esta negativa, según indica Polanco, es la política de oposición que Montenegro ha sostenido en contra del Ejecutivo, específicamente al emprender la fiscalización en el programa social Mi Familia Progresa.
«Podría ser que el Gobierno esté impulsando alguna acción de venganza en contra de ella (Nineth Montenegro), y por eso no avanza el caso», explica el director del GAM.
Por su parte, la directora de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos (COPREDEH), Ruth del Valle, indica que aún no se le ha notificado la toma de esta decisión, además de asegurar que hace algunos meses se le presentó una contrapropuesta a los interesados de la cual no han tenido respuesta.
«Me parece extraño que si ellos no han dado una respuesta al Estado decidan retirarse», dice Del Valle, además de indicar que los peticionarios tienen derecho de retirarse si así lo consideran.
APERTURA AL DIíLOGO
La solución amistosa consiste en un espacio de diálogo entre dos partes establecido por la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH), antes de que esta dicte una resolución en algún caso.
«Estamos a punto de que se dicte una resolución y se abrió el diálogo para que esta no sea tan contundente contra el Gobierno, pero hay muy poca voluntad de parte de ellos», indica Polanco, a la vez que señala que se han puesto obstáculos legales y delegado responsabilidades entre COPREDEH y la Procuraduría General de la Nación.
Al respecto, Del Valle indica que siempre ha sido esta institución quien ha trabajado en el caso, «lo único que nosotros les hemos explicado es que para darle certeza jurídica a las negociaciones que se hacen de parte del Estado, el Procurador General de la Nación tiene que firmar los documentos», asegura la entrevistada.
El Ministerio Público a través de varios fiscales ha intentado coartar la libertad de pensamiento, al haberse presentado a las instalaciones del Diario La Hora, donde inquirieron sobre la identidad de los periodistas que han estado investigado el programa Mi Familia Progresa (MiFaPro).
Días antes un grupo de periodistas de dicho diario, realizando investigaciones profundas, lograron encontrar una oficina semiclandestina, donde no hay ningún rotulo o identificación, pero que sirve para procesar información de los supuestos beneficiarios de MiFaPro. Esta acción seguramente incomodó a las autoridades del MP, quienes actuaron de oficio contra el diario La Hora.
Para el GAM, ésta es una clara acción intimidatoria contra un medio de comunicación histórico, que durante el periodo del terrorismo de Estado daba a conocer violaciones a los derechos humanos y otros hechos anómalos.
Lo que ha ocurrido en el gobierno actual, es algo nuevo, es una clara intensión de limitar las libertades constitucionales, especialmente la de expresión y pensamiento, que están contempladas en la constitución política de la República y en tratados y convenios internacionales en materia de derechos humanos.
El GAM se solidariza con los reporteros del diario La Hora y con su director, Oscar Clemente Marroquin. Desde esta organización de derechos humanos haremos las denuncias correspondientes ante instituciones internacionales en materia de libertad de expresión.
El GAM insta al director del diario La Hora, y a quienes laboran en ese prestigioso medio de comunicación a que no se dejen intimidar, y que continúen con su labor investigadora a favor de la veracidad y en contra de la corrupción y la poca transparencia.