El Grupo de Apoyo Mutuo (GAM) presentó un informe que refiere que 444 personas fueron asesinadas en 2012 por sicarios que se trasladaban en motocicleta –pese a la prohibición de “dos en moto”– y se estima que se han cometido 1,570 delitos contra la vida en los primeros 90 días de 2013.
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Mario Polanco, director de la institución, indicó que los crímenes perpetrados desde motocicleta se dan principalmente por la escasa capacidad de control de las fuerzas de seguridad a la legislación vigente que establece condiciones para el uso de ese medio de transporte.
El Decreto 105-2009 establece que solamente una persona puede viajar en moto y que además debe portar un chaleco fluorescente y un casco con el número de la placa del vehículo.
Esta medida afectó en su momento a los municipios de Guatemala, Mixco, Amatitlán y Villa Nueva.
“No se ha establecido un mecanismo de control para regular que dos personas no viajen en motocicleta, lo cual viene a repercutir en el incremento de los ataques de este tipo contra las personas”, agregó Polanco.
Según datos del GAM, en lo que va del año se han registrado 121 ataques desde este tipo de vehículos.
Polanco indica “que debería ser la PNC la que vele por hacer cumplir la ley y el uso obligatorio de chaleco y casco plenamente identificados para reducir los índices de delincuencia”.
Esta medida surgió debido a la cantidad de crímenes que se cometen en moto, pues se ha popularizado este modus operandi por la rapidez con la cual se dan los responsables a la fuga, sin embargo golpea duramente a la economía de un país que ha visto en la motocicleta un medio económico, más rápido y más seguro para transportarse, debido al mal estado e inseguridad bajo el cual se presta el servicio de transporte público en el país.
Respecto a los delitos que atentan contra la vida de los guatemaltecos, la organización civil indica que solo en este año se han producido 1570 casos, entre los cuales el 85 por ciento son ocasionados con armas de fuego, el 5% con arma blanca, 3% con golpes contundentes, el 6% producto de lapidaciones y linchamientos; y el restante entre estrangulaciones y quemaduras.
“No existe actualmente capacidad de las autoridades por erradicar estos delitos porque no se implementan medidas de prevención”, indica Polanco.
Asimismo, expresa que confían en que se implementen políticas de seguridad de manera estructurada para la prevención y reducción de delitos.
Las áreas donde se registran más incidentes por ambos tipos de delitos son las zonas 18, 7 y 6, en ese orden, según el GAM.