Siempre hemos creído en la necesidad de leyes por la transparencia y La Hora ha sido un medio absolutamente comprometido con esa necesidad. La ley de Extinción de Dominio formó parte de nuestras prioridades y criticamos oportunamente que en la misma se dejaban fuera a los testaferros. Hoy, viendo la normativa de la Ley de Enriquecimiento Ilícito, el paquete en su conjunto y la consagración definitiva del fideicomiso público como instrumento administrativo, pensamos que lamentablemente se quiere tapar el ojo al macho con iniciativas que no tendrán el resultado deseable.

Una Ley de Enriquecimiento Ilícito que no tipifica explícitamente el delito que cometan los contratistas y los socios de las sociedades que provean de bienes al Estado, le presten servicio o construyan obras, es un mamarracho que no toma en cuenta la realidad de los trinquetes que se cometen  con los fondos públicos.
 
 El Estado dando su aval y consagrando la mafiosa práctica de los fideicomisos, es una vergüenza para el país, aunque se entiende que no van a desafiar a intereses tan poderosos como el del sector financiero nacional. Pero la propuesta no apunta a regular realmente los fideicomisos, sino a consagrarlos, a institucionalizarlos, como si fueran una práctica ética, decorosa y funcional para la gestión pública.
 Uno puede ponerle nombre a las cosas como se le antoje, pero estas leyes están bautizadas como paquete por la transparencia, pero en realidad no hay tales. No se trata de avances significativos en la lucha contra la corrupción, sino apenas pinceladas que en un sistema tan corrupto como el nuestro, donde todo está diseñado para alentar y estimular la picardía, la verdad es que se trata de normas ridículas ante la dimensión del problema. Y el colmo es que se reducen hasta los castigos que ya eran moco de pava como las multas por malos manejos que establece la Contraloría de Cuentas, en lo que es un tácito permiso para hacer micos y pericos con los fondos públicos.
 
 Se trata de un proyecto gallo gallina, porque no pone el dedo en la llaga ni toma en cuenta la realidad de la corrupción en el país. Ciertamente no se puede pretender un cambio radical si entendemos que las reglas del juego siguen siendo las mismas y los actores principales no cambian. Se sustituye al representante del sector público, pero llega a tratar con los mismos que conocen todas las mañanas, habidas y por haber, que inmediatamente ponen al tanto al nuevo de cómo se hace pisto sin dejar huella. Ante esa realidad, la propuesta presentada al Congreso no llega ni a tibio empeño por componer las cosas y, peor aún, en casos como los fideicomisos institucionaliza la corrupción.

Minutero:
No van a tener trascendencia
las “leyes de transparencia”
y son un empeño muy gacho
de taparle el ojo al macho