El 25 de septiembre del año 2006 se produjo la operación de rescate de la Granja Penal de Pavón que estaba de hecho bajo el control de los mismos reclusos. El Gobierno explicó cómo funcionaba el presidio y el papel de organizaciones criminales que desde adentro seguían dirigiendo toda clase de hechos delictivos en el exterior en contra de la ciudadanía honrada.
Con bombos y platillos se explicó que el Estado había recuperado el control de Pavón y que esa cárcel había dejado de ser centro de operaciones de los delincuentes para cumplir con sus fines propios de encarcelamiento y rehabilitación de la población reclusa. Hoy en día se juzga ese operativo por la sindicación de que en el mismo se produjo la ejecución extrajudicial de varios internos que, según la versión oficial, habían ofrecido resistencia mientras que investigaciones independientes afirman que simplemente fueron apartados del resto de los reclusos para ser ejecutados.
En todo caso, vale la pena preguntar si realmente el operativo funcionó en Pavón y si tuvo algún efecto en el sistema carcelario del país. La verdad es que no hubo cambio alguno, que nuestras cárceles siguen siendo igual que antes, antros donde los reclusos imponen su ley y campea la corrupción que permite a los capos que están guardando prisión, no sólo imponer sus condiciones sino que además dirigir bandas de delincuentes que operan en el exterior para continuar cometiendo tropelías.
Viene a cuento esto porque en una operación tan publicitada como uno de los pasos más significativos en la lucha contra el crimen organizado, nunca hubo seguimiento posterior para que la opinión pública viera si, efectivamente, la propaganda coincidía con los hechos. Hoy en día los delincuentes siguen haciendo de las suyas desde las prisiones, donde funcionan redes no sólo de protección interna y control, sino también de asignación de espacios, de oportunidades de negocio, de narcotráfico y, lo peor, de extorsiones, secuestros y asesinatos que se dirigen justamente desde el interior de los presidios donde los reos siguen usando celulares y tienen acceso a sofisticados medios de comunicación para dirigir sus operaciones.
Se ha dicho que el anterior fue el primer gobierno que se dispuso a entrarle al problema carcelario y que por ello se está juzgando a los funcionarios. La verdad es que el problema no fue encarado ni resuelto, porque lo demuestran los hechos y hoy en día las prisiones siguen funcionando como lo hacían antes de la Operación Gran Pavo que ahora es objeto de grandes conmociones sociales. Oportuno es recordar que resolver el problema carcelario del país sigue siendo una asignatura pendiente a la que, en verdad verdadera, nadie le ha entrado.