El artículo 161 de la Constitución de la República se refiere al derecho de «inmunidad personal para no ser detenidos ni juzgados», con la que cuentan los diputados electos, la cual a partir de hoy, perderán aquellos que no fueron reelectos para el próximo período legislativo.
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Los ex miembros del parlamento nacional que tenían abierto el proceso de antejuicio por diferentes razones y que hasta ayer no habían sido declarados con lugar por la Corte Suprema de Justicia (CSJ), quedan a partir de este día en manos de las autoridades investigadoras y jurídicas para ser procesados como ciudadanos de orden común.
El MP tiene desde hoy la potestad para plantear acciones legales contra Héctor Loaiza Gramajo, Carlos Hernández Rubio y Gumercindo Donis, quienes recién perdieron la inmunidad parlamentaria. Los ex congresistas Rolando Morales y Víctor Toledo fueron llevados a antejuicio por los actuales Presidente y Vicepresidente de la República.
Lavado de dinero
Hernández Rubio es acusado del delito de lavado de dinero, el MP señala que éste recibió cuatro cheques por Q1 millón cada uno, proveniente de una empresa constructora propiedad de Arturo Ignacio Salán Sánchez, quien fue condenado a 10 años de prisión por el lavado de Q 20 millones.
El último es hermano de Vinicio Salán, quien fungió como secretario de la Coordinación Ejecutiva de la Presidencia (SCEP), durante el gobierno de Alfonso Portillo y quien ahora es prófugo de la Justicia.
Leopoldo Liu, fiscal encargado de dicho caso, refirió que el MP abrirá la persecución en contra del ex legislador, como un ciudadano común y recordó que éste interpuso una serie de amparos que obstaculizaron el procedimiento de antejuicio. «Tenemos que analizar cómo están los documentos y realizar las diligencias que no se pudieron hacer para saber cómo accionará el MP en contra de Hernández», subrayó el fiscal.
Donis y los Martínez
Gumercindo Donis fue sindicado, junto a los diputados Joel Martínez Herrera y Edwin Martínez, de haber recibido cheques de la Asociación para el Desarrollo de la Familia (Adefam), se suponía que los fondos que recibieron estaban destinados a la remodelación de un parque y de un salón comunal, así como a la construcción de escuelas en diferentes sectores.
Los antejuicios contra los Martínez están en manos de la CSJ, ya que éstos si fueron reelectos para el próximo período legislativo.
Dos casos de difamación
El desde ayer, presidente de la República ílvaro Colom Caballeros, presentó una solicitud de antejuicio contra Rolando Morales por el delito de difamación.
Colom argumentó en dicha solicitud, que el ex diputado lo difamó en campos pagados que fueron publicados en algunos medios impresos durante la campaña electoral. El Presidente denunció en el antejuicio que Morales lo acusó, en dichos campos pagados, de actos de corrupción involucrando asimismo a su esposa, Sandra Torres de Colom. Se intentó obtener la versión del abogado Héctor Trujillo, pero no respondió las llamadas telefónicas que se le hicieron.
En el caso de Víctor Toledo, la solicitud de antejuicio fue solicitada por el ahora vicepresidente, Rafael Espada, también por el delito de difamación.
En este caso, fue designado como juez pesquisidor el magistrado Noe Moya, quien luego de un mes, remitió a la CSJ las conclusiones del caso y no recomendó retirar la inmunidad a Toledo pues no encontró indicios de delito.
Moya declaró que el diputado se amparó en el artículo 161 literal «b» de la Constitución de la República en el que se lee sobre la «irresponsabilidad en las opiniones, en la iniciativa y en la manera de tratar los negocios públicos», que tienen los diputados.
Los congresistas que perdieron la inmunidad parlamentaria que les daba derecho a antejuicio tendrán que enfrentar a la justicia guatemalteca como ciudadanos ordinarios, queda en manos de los operadores de justicia las acciones a tomar en contra de éstos.
El ex congresista Héctor Loaiza fue vinculado por el MP en el robo de combustible para su comercialización, caso por el cual ya ha habido sentencias y fue capturada, el viernes pasado, la hija de éste, Patricia Eugenia Loaiza Mazariegos, quien fue ligada a proceso por el delito de robo agravado.
En este caso, Noé Moya juez pesquisidor, no encontró indicios de delito, por lo que no recomendó retirar la inmunidad a Loaiza, sin embargo, Rony López, fiscal a cargo de las investigaciones, ha sostenido que el ex diputado sí tiene participación en el delito que se investiga.
López añadió que solicitaron un informe tanto al Tribunal Supremo Electoral como al Congreso, para poder accionar en contra del ex congresista implicado, y que sigue pendiente el informe del parlamento.