Con todo, somos también un paí­s con funcionarios públicos muy bien remunerados y, sin embargo, nunca satisfechos. El Presidente de la República, por ejemplo, según una vez se dijo, recibe un salario semejante al de Bush y Sarkozy. Nada malo para la situación económica individual, pero desproporcionado si pensamos que se trata de un mandatario guatemalteco. Igualmente es el caso de los diputados del Congreso que, con todo, nunca están satisfechos: quieren aumentarse sus honorarios, inventan viajes y ahora reclaman también indemnización.

Guatemala, a ese ritmo, con esa gente, nunca va a salir adelante. Lo del Congreso y el Presidente es sólo un ejemplo. Ahí­ están también los insensibles magistrados de la Corte Suprema de Justicia, los de la Corte de Constitucionalidad y, cómo quedarse atrás, los del Tribunal Supremo de Justicia que tienen salarios de oro (digo, al nivel del paí­s) y exigen igualmente grandes indemnizaciones por sus trabajos. Tal parece que Guatemala padece de una mala plaga o se encuentra invadida por virus malignos que la tienen en un estado comatoso.

¿Es que acaso los funcionarios públicos no se dan cuenta de su inmoralidad? Lo saben, pero priva más el egoí­smo y el consuelo de saber que no son los únicos que la convicción de hacer lo contrario. Se hacen un lavado de coco, racionalizan su situación y terminan convencidos que actuar diferente no serí­a sino una «mulada» de campeonato. Y ellos, por supuesto, no son «mulas». Es más, socialmente es reconocido ese tipo de inteligencia. La gente dice para sí­: «qué cabrones», «son listos», «cómo me habrí­a gustado estar en su lugar». Los admiran.

Pero en el plano de la ética elemental sus acciones son vergonzosas e inmorales. En primer lugar, porque su trabajo está sobrevalorado y, por consiguiente, se comete un acto de injusticia. Sobrevalorado porque lo que hacen no compensa esos desproporcionados emolumentos. La prueba está a la vista: no llegan a trabajar, son impuntuales, se van antes de tiempo y la productividad de su obra deja mucho qué desear. En segundo lugar, porque lo que piden, por ejemplo sus indemnizaciones, desde el inicio no estaban en los llamados «términos de referencia». Ellos sabí­an que no ganarí­an semejante cosa por el «medio trabajo» que harí­an. Entonces, es injusto que ahora quieran (o en el caso del pasado lo hayan pedido) su «indemnización». Pero, hay algo más, esos salarios y sus exigencias son ofensivas para la mayorí­a de la población que vive en la miseria. El costo de pagarlos implica el desfavorecer a otros que en verdad lo necesitan.

Si los funcionarios públicos tuvieran un poquito de vergí¼enza y no fueran tan inescrupulosos ni laxos, otro gallo nos cantarí­a. Pero si fueran distintos no fueran polí­ticos, ahí­ está la cosa.