Durante décadas de ejercicio del periodismo, desde que me desempeñaba de reportero y después jefe de Redacción en los desaparecidos diarios impresos El Gráfico, La Nación y El Imparcial, hasta la fecha que cumplo mis tareas durante hace más de un lustro en calidad de columnista de La Hora, y antes en otros medios, he presenciado directa o indirectamente la caída de altos y medianos funcionarios públicos, así como diputados al Congreso y magistrados de distintas Cortes, después de demostrar su arrogancia y prepotencia desde los cargos que desempeñaban.
Probablemente esas personas no estaban conscientes de que sus puestos eran temporales, a veces efímeros, que el limitado poder que ejercían y que creían que era absoluto, no podrían aplicarlo una vez que estuvieran separados de sus funciones. No asimilaron que eran servidores públicos y no propietarios del despacho, la curul o la magistratura desde donde se encumbró su ego a alturas insospechadas. Posteriormente, ya sin el blindaje de sus puestos de alta o mediana categoría, a muchos de ellos los he visto, como se dice comúnmente, con «la cola entre las piernas», humillados, rogando favores como antes de haber asumido sus funciones públicas.
En la actualidad, ocurre similar actitud presuntuosa de funcionarios, diputados y magistrados, con las excepciones de la regla. Son ciudadanos que salieron del anonimato mediático y al figurar en los diarios impresos y electrónicos consideran que son imprescindibles, que nadie los puede sustituir, que jamás van a concluir los períodos de sus mandatos, y son incapaces de percatarse que la suerte se les volteará y volverán a la llanura, puesto que pareciera que de nada les sirve el ejemplo de políticos de la talla, por ejemplo, del ex presidente Alfonso Portillo, quien guarda prisión por causas conocidas.
Para citar otros casos, dos personas que durante el presente régimen fueron ministros de Gobernación, también tienen juicios pendientes, y, el más sonado es el de un tercero que se encuentra prófugo, es decir, huyendo de la justicia, precisamente el copetudo funcionario que, cuando tomó posesión de la cartera, dijo con alarde que él había elaborado el plan de seguridad de la UNE durante la campaña electoral anterior, pero todo indica que la inteligencia para combatir la delincuencia la usó para obtener ingresos mal habidos.
Actualmente llama la atención el operativo realizado en el penal Pavón en 2006, durante la gestión del presidente í“scar Berger, cuando, al parecer, fueron ejecutados extrajudicialmente siete reclusos de alta peligrosidad. Se han girado órdenes de aprehensión contra otro ex ministro de Gobernación, un ex director y ex subdirector de la Policía Nacional Civil y otros más, incluyendo especialmente uno que fue candidato presidencial y que a la sazón fungía de director de Presidios.
No emito juicios de valor respecto a la responsabilidad o inocencia de esos ex funcionarios, porque corresponde a los órganos jurisdiccionales resolver las acusaciones que penden sobre tales, sino que me llama la atención nuevamente las vueltas que da la vida, para citar un lugar común, porque después de estar en las alturas del poder, es posible que vayan a compartir celdas con otros ex funcionarios que al cometer los delitos que se les imputan, no pensaron que tarde o temprano iban a ser perseguidos por la justicia.
(El aprendiz de filósofo Romualdo Tishudo cita este proverbio chino: -Si no quieres que se sepa, es mejor que no lo hagas).
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